El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó este jueves las acusaciones que le imputaron al empresario naviero Aaron Vick por tentativa de fraude, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en la adquisición fallida de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 a principios de la pandemia en el 2020.

En un determinación emitida por el juez superior Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne se sostuvo que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no poseía jurisdicción contra Vick por ser una persona privada.

Según el abogado Leonardo Aldridge, quien fue uno de los abogados del empresario, el Ministerio Público “nunca alegó que Vick actuó en concierto y común acuerdo con funcionarios públicos”.

“Era ilógico y muy peligroso que el panel del FEI se otorgara a sí mismo funciones que no le corresponden en ley para procesar criminalmente a ciudadanos privados como Aaron Vick”, sostuvo Aldridge, quien atendió el caso junto al licenciado Guillermo Ramos Luña.

“Fue un intento imprudente de abrogarse funciones que la Asamblea Legislativa nunca le confirió a esa entidad”, agregó.

Según trascendió, el Departamento de Salud pretendió comprar en un proceso expedito al inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020, un millón de pruebas serológicas para esa enfermedad por $38 millones a la empresa de construcción Apex General Contractors, que no contaba con experiencia alguna en el manejo de productos médicos, pero contaban con conexión con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De las declaraciones juradas levantadas en la pesquisa surge que varios funcionarios y personas sin autoridad legal intervinieron indebidamente con los procesos de compras, indicó el PFEI en diciembre pasado. Ello incluyó presionar a la entonces secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para que firmara en 20 minutos una orden de compra millonaria sin seguir el análisis y rigor que la normativa exige.

Dicho proceso llevó a que tanto Vick como el abogado Juan Maldonado, quien era el representante legal de la compañía, enfrentaran cargos criminales. En el caso de Maldonado, este también fue desestimado de los cargos en su contra por la OPFEI no tener jurisdicción en el proceso.

“¿Considera que este fallo liberó de culpa a su cliente?”, preguntó este medio.

“Ya el Departamento de Justicia, la agencia facultada en ley para investigar y procesar ciudadanos privados, había determinado que Vick no había cometido delitos”, respondió Aldridge.