El Tribunal Federal de Hato Rey volverá a convertirse el próximo 28 de enero en el epicentro de dos contenciosos y polémicos casos cuando se comience a seleccionar el jurado de pena capital para los acusados Lashaun Casey, acusado de matar a un agente encubierto en Luquillo, y Alexis Candelario Santana, el presunto autor intelectual de la Masacre de La Tómbola.

El primer caso se verá ante la presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida Delgado, mientras que el segundo fue asignado a la sala del juez José A. Fusté.

Al tratarse de casos de pena capital, se espera que el proceso de selección sea tedioso y largo. Los jurados, a preguntas de las partes, tendrán que considerar la pena capital como una opción de castigo para poder ser seleccionados, aun cuando expresen serias reservas sobre su aplicación.

Al concluir la desinsaculación de los miembros, se procede con el juicio, en que los fiscales tendrán que probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de los acusados. De salir convictos, entonces se procedería con otro juicio para determinar si los sujetos merecerían la pena capital. Ambos veredictos se tienen que emitir de manera unánime.

Y a pesar de todos los casos de pena capital que ha presentado la Fiscalía Federal en Puerto Rico sin ninguna determinación a favor de la máxima sentencia, las autoridades se preparan a todo vapor para dirigir a los reos al corredor de la muerte, que en la jurisdicción federal se lleva a cabo mediante inyección letal.

Indudablemente, la atención mediática estará mucho más focalizada en el caso de Candelario, quien actualmente cumple una condena de narcotráfico.

Los hechos de sus presuntos crímenes se remontan al 17 de octubre de 2009 cuando sicarios abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en el negocio La Tómbola, en Toa Baja, para celebrar su inauguración. En el atentado murieron ocho personas y una criatura de ocho meses que se encontraba en el vientre de la madre, quien sobrevivió a la matanza. Se registraron otros 20 heridos.

El caso de Casey también se convirtió en alta prioridad para las autoridades al tratarse de la muerte de un agente encubierto, quien investigaba al acusado por narcotráfico, pero fue asesinado en agosto de 2005. Posteriormente, el sujeto fue arrestado con el vehículo de la víctima.