A seis días de que el Departamento de Justicia recomendara la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, el Panel sobre el FEI (PFEI) acogió la petición y puso a mano de las fiscales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández la investigación criminal.

La notificación se dio en un comunicado de prensa, en el que se expuso en que la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia concluyó que “existe causa suficiente para creer que la entonces secretaria Pérez Pena pudo haber incurrido en conducta relacionada con delitos contra la función pública”.

Se detalló que los posibles delitos son violación al Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, que contempla el delito de influencia indebida, así como el Artículo 4.2 (b) (e) (g) y (s) de la Ley Num. 1-2012, conocida como, Ley Organica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Estos artículos prohíben el uso de propiedad pública para beneficios personales o políticos, la aceptación de regalos, el conflicto de intereses y el uso de influencia, garantizando la integridad.

La controversia

Las imputaciones contra la exsecretaria de la Vivienda surgieron a principios de febrero, luego de que el exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, revelara que se detectó que sobre unos 68 centros de inspección supuestamente cobraron a ciudadanos sus marbetes, sin presuntamente remitir los fondos al Departamento de Hacienda, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) o aseguradoras, dejando a conductores sin cobertura.

Uno de los centros era el Yabucoa Auto Service, que hasta diciembre de 2025 aparecía a nombre de Pérez Peña.

Deliz Vélez, quien también es investigado por Justicia, reveló que al centro de inspección se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta, y que, en el caso de Yabucoa Auto Services, se detectaron 1,975 transacciones al momento de la investigación, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500 en multas. No obstante, ocurrió una transacción, de la que el DTOP alega que no tiene rastro ni documentos, en la que la multa disminuyó a $5,000.

Mientras surgían detalles de las presuntas irregularidades, la gobernadora Jenniffer González Colón defendió públicamente a la funcionaria. Alegó que las incidencias eran personales y que esta realizaba bien sus funciones en Vivienda.

“Las imputaciones que se han hecho ninguna es a su rol (del Departamento de la) Vivienda”, alegó el pasado 25 de febrero.

Ese mismo día Pérez Peña aseguró que no renunciaría a su cargo.

No obstante, a mediados de marzo el Departamento de Justicia anunció que extendería por 90 días adicionales la investigación contra la ahora exfuncionaria.

En el mismo periodo se reportó un enfrentamiento entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la administración de González Colón. Todo empezó porque el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, habló en defensa de Pérez Peña. Poco después, el presidente del Senado requirió a varias agencias gubernamentales información sobre sus contratos.

La gobernadora entendió que la acción del líder del Senado representó un reto en su contra y alegó que su acto demuestra que aspiraba a la gobernación.

Tras arreciar la disputa pública, se anunció la salida de Pérez Peña de la secretaría de Vivienda el 14 de marzo. La dimisión fue efectiva el 16 de marzo.

La carta que emitió para renunciar, de cuatro páginas, aludió a que “con sentimientos encontrados” renunciaba. Luego, pasó a enumerar los logros que se atribuye durante su administración.

“Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guió nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración, de la cual tuve el privilegio y el honor de formar parte”, afirmó Pérez Peña.