La Oficina de Alguaciles del Tribunal de San Juan diligenció embargos en las cuentas de la Iglesia Católica en Banco Popular de Puerto Rico, Scotiabank, First Bank, Santander y Oriental, confirmó la Oficina de Prensa de la Rama Judicial.  

El inicio del proceso de embargo de bienes, propiedades y cuentas bancarias de la Iglesia Católica fue en cumplimiento de la orden emitida este martes por el juez superior Anthony Cuevas Ramos en el caso relacionado al pago de pensiones de maestros y empleados de colegios católicos luego que los demandados no prevalecieran en ningunas de las apelaciones que han radicaron.

La orden surgió luego de que el lunes el juez le ordenó a la Arquidiócesis de San Juan depositar $4.7 millones en una cuenta del tribunal en un plazo de 24 horas lo que incumplió. El dinero era para pagarle las pensiones a 66 maestros jubilados de la academia del Perpetuo Socorro, en San Juan, a quienes la Iglesia les eliminó el plan de pensión y sus beneficios en 2016 como a decenas de otros profesores.

El abogado de la parte demandante Germán Brau Ramírez, confirmó también a Primera Hora que el trámite ya comenzó.

“Se va a ejecutar una orden para pagos específicos que no han hecho de manera voluntaria”, se limitó a responder, al indicar que no haría otros comentarios sobre el proceso.

“Por razón de los diversos trámites apelativos, dicha orden quedó paralizada por lo que nunca logró ejecutarse. En vista del recibo del mandato, se le ordena a la Oficina de Alguaciles de este Tribunal a que, inmediatamente y sin demora alguna, proceda a darle fiel cumplimiento y ejecución a la orden de embargo emitida el pasado 27 de marzo de 2018”, según la orden judicial de dos páginas.

Asimismo, la orden detalla que el embargo impuesto originalmente el 27 de marzo, contempla la incautación de bienes y dinero de la Iglesia Católica Apostólica y Romana que ascienden a $4.7 millones para responder a los demandantes entre estos se incluyen bonos, valores, vehículos de motor, obras de arte, equipos, muebles, cuentas, bienes inmuebles y cualquier otro bien perteneciente a la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y cualquiera de sus dependencias en la isla.

Hoy se adelantó que el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, ofrecería una conferencia de prensa el viernes a las 11:00 a.m. en el antiguo colegio Madre Cabrini en Río Piedras para hacer expresiones al respecto.

Un embargo de bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, e inmuebles, que se refieren a aquellas posesiones como los bienes raíces, es un instrumento para asegurar el cobro de una deuda derivada de un contrato.

La licenciada Marisara Meléndez indicó que, en general, estos procesos de embargo no se dan de un día para otro porque son complejos, requieren de inventarios de los bienes y la propiedad que pertenece al deudor. Aunque la sentencia sea final y firme siempre los abogados buscan agotar todos los recursos disponibles en ley.

Como en todos casos, tiene que cumplirse con el debido proceso de ley; entre ellos que la sentencia sea final y firme, que haya un inventario que sea de la pertenencia de la iglesia y -si hay un tercero que se ha visto afectado porque alguna de las piezas del inventario a ser embargada le pertenece-, también tiene que tomarse en cuenta e incluso se podría requerir de una vista en el tribunal. 

“En teoría esa sentencia se podría cobrar con dinero si existiese, pero si es con bienes hay diferentes mecanismos, no siempre es igual. Una cuenta de banco también es un bien embargable… cualquier cosa que tenga valor y pertenezca (al deudor), eso es importante porque no porque tú lo veas allí en la iglesia o en mi casa a lo mejor no es mío así que tiene que ser de la titularidad del que debe”, detalló Meléndez, quien posee experiencia en el embargo de hipotecas.

Normalmente, el interesado en cobrar es el que se mueve a hacer una identificación de los bienes del deudor.