El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció hoy el diligenciamiento de 56 órdenes de arresto contra integrantes de una violenta organización dedicada al narcotráfico que operaba en los residenciales públicos de Río Piedras, Carolina y Trujillo Alto desde agosto del 2015, que se hacía llamar “65 Inc.”, la cual generó ganancias de unos $40 millones.

Las intervenciones se llevaron a cabo en los residenciales públicos Jardines del Paraíso, Jardines de Monte Hatillo, Las Dalias, Monte Park, Jardines de Campo Rico, Jardines de Country Club, San Martín, Ernesto Ramos Antonini, La Esmeralda, Nuestra Señora de Covadonga, el condominio Los Claveles y la barriada Buen Consejo, contra vendedores y distribuidores de “crack”, heroína, cocaína, marihuana y los medicamentos controlados Percocet y Xanax, detalló durante una conferencia de prensa.

Al presente, se han arrestado 20 de los acusados en Puerto Rico, tres en Estados Unidos y 18 de ellos estaban encarcelados por otros delitos previos o que se encuentran bajo supervisión federal, aún faltan 15 fugitivos por capturar, dijo Muldrow.

Un total de 32 de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito por narcotráfico.

En el operativo, que es parte de la iniciativa del Proyecto Comunidades Seguras del Departamento de Justicia Federal, participó personal del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), del Servicio de Alguaciles Federales y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal de San Juan y los Strike Force de San Juan y Carolina, entre otros.

Durante el transcurso de la investigación el NPPR y ATF ocuparon cerca de unas 100 armas de fuego de las cuales 27, estaban alteradas para disparar como automáticas.

“Los miembros de las gangas tenían las conexiones legales para obtener armas de diferentes marcas, modelos, calibres, incluyendo rifles de alta potencia tipo AK-47 y AR-15. También tenían individuos que tenían el conocimiento para modificar armas de fuego, convertirlas en ametralladoras totalmente automáticas”, destacó.

Reveló que el control del algunos de los narcotraficantes se extendía hacia varios estados de Estados Unidos ya que algunos de sus integrantes se dedicaban a la transportación de hasta 10 kilos de cocaína por medio de “mulas” que eran otros miembros de la pandilla de menor rango que viajaban para realizar el contrabando.

Los imputados por un Gran Jurado Federal actuaron en diferentes roles tales como dueños de puntos de drogas, corredores, suplidores, gatilleros, procesadores de drogas y vendedores, entre otros.

Esta pandilla ofrecía muestras gratuitas a clientes y usuarios como promoción para la venta de una marca específica de drogas, agregó Muldrow.

Por décadas las guerras entre bandas rivales han sembrado el terror en la ciudadanía protagonizando intensos tiroteos en vías públicas y zonas residenciales para mostrar el control de sus puntos de drogas.

“Algunos de los miembros de la ganga dispararon armas desde sus vehículos en movimiento en áreas controladas por gangas rivales a plena luz del día y/o en vías públicas como el Puente Teodoro Moscoso... utilizaban la fuerza, la violencia, la intimidación. A menudo secuestraban y agredían a narcotraficantes rivales, así como miembros de su propia organización de narcotráfico “, puntualizó.

Muldrow aseguró que la investigación continúa en busca de identificar a los suplidores y a las personas que transportan drogas fuera de la isla a través de vuelos comerciales, pero no pudo responder si se anticipan incidentes violentos de otras organizaciones para ocupar el territorio que ocupaban los arrestados.

Los acusados se enfrentan a una pena mínima de hasta 10 años por cargos relacionados al trasiego de drogas y un mínimo consecutivo de 5 años por los delitos de armas de fuego.

El agente especial a cargo de la división de ATF en Miami, Robert Cekata, destacó la activación de un centenar de efectivos de otras unidades de los Estados Unidos para llevar a cabo los arrestos junto a los recursos locales y agradeció su apoyo.

“Nos reafirmamos en nuestro compromiso con nuestras comunidades para hacerlas más seguras”, manifestó por su parte, el director del Servicio de Alguaciles Federales para el Distrito de Puerto Rico, Wilmer Ocasio-Ibarra.