Un doctor de 67 años fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por conspirar para cometer fraude electrónico contra el Seguro Social, informó el fiscal de Estados Unidos para Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Américo Oms Rivera se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico el pasado 23 de octubre.

Como parte de la sentencia impuesta por el juez federal Francisco A. Besosa, el acusado tendrá que restituir $321,000 a la Administración del Seguro Social (SSA) y pagar una multa de $7,500 en 60 días.

Además, perderá una propiedad en Harbor Lights Estate en Palmas Del Mar, Humacao, entregará su licencia federal de la Administración de Control de Drogas (DEA) y será excluido de participar en evaluaciones de casos del Seguro Social, Medicare, Medicaid y todos los demás programas federales de beneficios de atención médica.

En agosto de 2016, un gran jurado federal emitió una acusación formal de 16 cargos contra Oms Rivera, su secretaria Mayte González Muñoz y Francisco Cabrera Alvarado, un exempleado del Seguro Social, por fraude en el proceso de solicitud de beneficios del seguro por discapacidad en Puerto Rico.

González Muñoz y Cabrera Alvarado se declararon culpables en marzo de 2017.

Como parte de este esquema, Oms Rivera admitió haber alterado los registros médicos de pacientes que solicitaban beneficios del seguro por discapacidad al crear citas médicas ficticias que nunca se llevaron a cabo. Esto se hizo para crear la apariencia de un historial más largo de tratamiento médico y con el propósito de engañar al Seguro Social para que aprobara los beneficios del seguro por discapacidad.

“Este acusado abusó de la confianza depositada en él como profesional para beneficio personal. Agradecemos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por sus esfuerzos sobresalientes y su firme compromiso con este caso”, expresó Muldrow en declaraciones escritas.

“Esta sentencia refleja años de trabajo de nuestros investigadores y de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para detener este plan para defraudar a los contribuyentes y responsabilizar a los responsables”, indicó, por su parte, el inspector general Ennis. “Continuaremos defendiendo la integridad de los programas de discapacidad de la SSA al buscar agresivamente a los facilitadores en el proceso de reclamos que abusen de la confianza depositada en ellos”.

La fiscal federal adjunta especial Vanessa D. Bonano Rodríguez, de la Administración del Seguro Social, estuvo a cargo del procesamiento del caso.