¿Tiene una persona de 18 años la capacidad para asumir todas las obligaciones y responsabilidades que acarrea la mayoría de edad?

Esa fue la interrogante que este miércoles permeó durante la discusión, en la Cámara de Representantes, de un proyecto de ley que reduciría de 21 años a 18 la mayoría de edad, y atemperaría el ordenamiento jurídico vigente para que se le reconozca a esa población plena capacidad para obrar de manera voluntaria y consentida.

Tanto el Departamento de la Familia (DF) como el Departamento de Justicia (DJ) presentaron objeciones al Proyecto de la Cámara 2059, fundamentadas principalmente en la preocupación sobre el estado en el que quedarían las personas de entre 18 y 20 años si se les reconoce como mayores de edad, y pierden el derecho a recibir alimentos de sus progenitores o tutores.

“Es importante evaluar si, en efecto, desde los 18 años las y los jóvenes se encuentran en posición de atender sus necesidades en las áreas de salud, educación, nutrición, vivienda, entre otras, o si por el contrario, nos encontramos ante una población desprovista, dependiente, necesitada y en proceso de formación”, manifestó la licenciada Janine Marrero, directora de asesoramiento legal del DF, al leer el memorial escrito sometido por la secretaria Idalia Colón.

“Nos parece que, más que un beneficio para las y los jóvenes, las legislación está enmarcada en liberar de su deber a las personas legalmente responsables de proveerle dicho sustento”, añadió durante una vista pública de la Comisión cameral de lo Jurídico, que presidió el representante Luis Vega Ramos.

Esa última aseveración fue mal vista por el representante popular Carlos Vargas Ferrer, autor de la pieza legislativa, quien durante su turno de preguntas expresó su malestar al afirmar que la secretaria de la Familia se había “extralimitado” en sus comentarios sobre el proyecto. El legislador también fue autor de una medida que proponía revisar las guías de pensión alimentaria.

El DF no rechazó de forma categórica la propuesta de reducir la mayoría de edad a 18 años, pero condicionó su aval a que se toman las salvaguardas necesarias para que se garantice el derecho de alimentos de los jóvenes hasta los 21 años, y que se establezca claramente que los menores bajo la custodia del estado puedan continuar recibiendo servicios de esa agencia también hasta que cumplan los 21 años para procurar una transición adecuada hacia la adultez.

Ante la inquietud planteada, el representante Vega Ramos comentó que el Gobierno podría establecer como política pública que se reconozca la mayoría de edad a los 18 años, pero manteniendo el derecho de alimentos hasta los 21 años, como es hoy. Resaltó que el Código Civil reconoce el derecho de alimentos entre parientes, que aplica a las personas mayores de edad.  

“A la hora de decidir sobre el proyecto, tomaremos en cuenta las recomendaciones hechas, así como la jurisprudencia que le garantiza derecho a alimentos a estos ciudadanos", dijo Vega Ramos.

La exposición de motivos de la media señala, entre otras cosas, que la intención es promover la productividad de los jóvenes dándoles las “herramientas civiles para independizarse y competir en el mundo laboral”. La legislación resalta, además, que las personas de 18 años son tratadas como adultos para participar en eventos electorales, para imponerles responsabilidad penal y para participar en conflictos bélicos.

Vargas Ferrer insistió en que hay que definir claramente hasta qué punto se promueve la autodeterminación y realización de los jóvenes y hasta dónde se fomenta la dependencia de éstos hacia sus progenitores o tutores.

“Lo que estarían tratando de prolongar es la dependencia atada a un derecho constitucional de una vida digna”, sostuvo Vargas Ferrer en reacción a los comentarios del DF respecto al vínculo del derecho a alimentos con el derecho a la vida, de rango constitucional.

Sin embargo, la licenciada Patricia Otón, asesora legal de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), advirtió sobre la posibilidad de que, en busca de independizar a los jóvenes a una edad más temprana, se promueva su dependencia hacia la asistencia del estado.

“¿Qué pasará? ¿Crearíamos un grupo grande, más del que puede haber hoy, de las personas dependientes del estado?”, dijo la abogada.

El proyecto incluye disposiciones transitorias para establecer que, si se convierte en ley, las personas que tengan entre 18 y 20 años cuando entre en vigor seguirán disfrutando de todos los derechos, reclamaciones y protecciones de las que sean acreedores, y la prescripción de esos beneficios se regirá por el estado de derecho previo al nuevo estatuto.

El DJ, en tanto, rechazó la idea de reducir la mayoría de edad por entender que los objetivos que persigue la legislación ya están cobijados por la figura de la emancipación, que es cuando se le adelanta a un menor el reconocimiento de su capacidad personal y patrimonial a través de un acto jurídico.

“Es necesario que nuestros jóvenes puedan completar grados universitarios o tecnológicos para que puedan integrarse al mundo laboral y lograr independencia económica. No obstante, para los jóvenes que a los 18 años se encuentren, de hecho, en el mundo laboral, y puedan administrar sus bienes y su persona, tienen la opción de alcanzar su mayoría de edad por medio de la emancipación”, indicó la licenciada Wanda Simon, en representación del secretario César Miranda.