Miguel Portilla dueño de la empresa de seguridad privada Capitol Security reconoció hoy que tanto su compañía, como Ranger American de su competidor Juan Bravo, terminarían beneficiándose de un proyecto que buscaban enmendar la ley de detectives privados.

Esa pieza legislativa fue la que -según testigos- Bravo le llevó en el 2005 al entonces senador novoprogresista Héctor Martínez quien presidía la Comisión de Seguridad Pública. Ahora Bravo y Martínez enfrentan un segundo juico por soborno en la esfera federal.

Aunque esa medida - si se convertía en ley- también implicaba costos más altos, Portilla tuvo que admitir que indirectamente sacaba del medio a algunos competidores que manejaban empresas de seguridad privada sin cumplir ciertos requisitos. Dijo que para la fecha había unas 200 empresas de seguridad privada en la isla. De esas, solo entre 15 a 20 dueños integraban la Asociación de Empresarios de Seguridad .

“¿Usted lo apoyó (el proyecto de ley) para eliminar su competencia?”, le preguntó el abogado de Bravo Jason Weinstein.

“No. Nosotros queríamos que hubiese una competencia justa, que compitieran igual que nosotros”, expresó el testigo. Pero luego, a preguntas de la fiscal federal Monique Abrishami, Portilla respondió en la afirmativa que su negocio era para hacer dinero y que no donaba sus ganancias al pueblo de Puerto Rico.

Dijo también que las empresas que no cumplieran con los nuevos requisitos que se iban a imponer estaban destinadas a cerrar operaciones en la Isla, lo que implicaba menos competencia.

“¿Y apoyaría usted leyes que afecten negativamente su negocio?”, le cuestionó la fiscal. “No”, indicó el empresario.

La tranca en el proyecto de ley 471, que según testigos Juan Bravo promovía en el Senado, estaba en la definición del “principal oficial ejecutivo” de empresas de seguridad privada ya que exigía que debían tener residencia en la Isla. De esa manera se dificultaba el cumplimiento a empresas extranjeras establecidas aquí, pero cuyo principal oficial ejecutivo no residía en Puerto Rico o no tenía ciudadanía estadounidense. Para estar en ley ese principal oficial ejecutivo necesitaba además tener una licencia de detective privado emitida aquí. Por lo tanto, no eran válidas licencias similares de otras jurisdicciones.

Otro requisito nuevo era someter evidencia de radicación de planillas de contribución sobre ingresos de los pasados cinco años. El juez Francisco Besosa interrumpió cuando el testigo leyó ese fragmento del proyecto.

“¿Si no se someten las planillas de los pasados cinco años no se puede ejercer? ¿Eso es lo que dice aquí?”, le cuestionó a Portilla, quien volvió a mirar el documento y le respondió que “sí’.

No obstante, a preguntas del abogado de Bravo, Portilla indicó que quienes salían ganando “principalmente” con el proyecto eran “los empleados” porque se les otorgaba más beneficios, obligaba el pago de tiempo extra y proveía seguros, además del gobierno que iba a recibir “contribuciones y el pago correspondiente”.

Por otro lado, Portilla certificó que el proyecto se trabajó con el antecesor de Héctor Martínez en la comisión de Seguridad Pública, Severo Colberg Toro. Para ese entonces la Asociación de Empresarios de Seguridad había contratado cabilderos que ayudaran a la aprobación de la pieza.

Luego en el 2009, bajo una nueva legislatura se aprobó un proyecto similar a otro de los que impulsaba Juan Bravo y que imponía un código de conducta en los centros comerciales. Portilla dijo que Héctor Martínez no estaba presente en la actividad en que se anunció que la pieza se convirtió en ley.

Pero, ese mismo día Bravo le dijo a Portilla: “Tú no sabes lo que me costó esto”.

Bravo y Martínez resultaron convictos en el 2011 y cumplieron cerca de un año de cárcel, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto. La fiscalía decidió volverlos a enjuiciar. Ahora Martínez y Bravo enfrentan cada uno un cargo de soborno en este segundo juicio. La teoría de la fiscalía es que Bravo le pagó a Martínez los gastos para ir a ver la pelea de boxeo entre Tito Trinidad y Ronald “Winky” Wright a cambio de que el legislador aprobara dos proyectos de ley que ayudaban a su negocio de seguridad privada.

El juico continúa mañana.