El propietario del restaurante La Parrilla, Ricardo Álvaro Torres, localizado en los quioscos de Luquillo, aseguró hoy que no incurrió en ninguna violación de ley, ni a la Orden Ejecutiva 2020-023 del toque de queda, tras ordenarse el cierre de su negocio hace dos días.

El comandante de área de Fajardo, el coronel Juan Rodríguez Dávila, confirmó hoy a Primera Hora que se intervino con el comerciante debido a que, presuntamente, sus clientes compraban alimentos y permanecían en un estacionamiento privado, ubicado al lado de su restaurante, consumiendo la comida dentro de los vehículos, lo cual está prohibido.

Según el dueño del negocio, que opera en el lugar hace más de 25 años, decidió reinventarse a raíz de la crisis creada por el coronavirus y establecer un sistema de servicarro, y de entrega de comida a domicilio, siguiendo las recomendaciones del gobierno para evitar contagios.

“Yo estoy tranquilo... Yo estaba en ley operando con un letrero que mide 26 pies de largo que dice ‘delivery’ y ‘take out’, que lo mandé a hacer el mismo día, con los dos teléfonos. No es que estaba improvisando, es que estaba montado todo”, aseveró en entrevista telefónica.

Al presente, el comerciante desconoce con certeza cuál fue la razón para el cierre de su negocio, ya que entiende que lo que estaba haciendo era rendir un servicio y, a la vez, continuar operando de manera limitada el restaurante.

Utilizó como ejemplo la venta de comida a clientes, como los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyos camiones no pueden pasar por un servi-carro de un negocio de comida rápida, y allí se les daba el servicio.

Aseguró que poco antes del cierre, un vehículo se detuvo a unos 200 metros de su negocio a ingerir la comida, pero no se percató de lo que estaba sucediendo.

“Decidieron cerrar porque había una persona comiendo dentro de un vehículo, pero no lo veía y no tengo el control. Los que tienen que estar pendientes son ellos”, expresó, al refutar declaraciones del coronel Rodríguez Dávila en el sentido de que había muchos vehículos en un estacionamiento privado del local y sus conductores consumían alimentos.

A su vez, dijo que habló con un teniente al que le pidió que si creía que estaba cometiendo alguna irregularidad que se lo dijera, porque lo que pretendía era dar el ejemplo y en ningún momento le llamaron la atención.

Insistió en que su negocio estaba bien organizado, sus empleados usaban guantes y en la entrada del establecimiento se mantenía limpia el área. Además, los empleados desinfectaban sus zapatos con agua con cloro.

El restaurante opera con 62 empleados cuyos turnos había dividido ante la merma en las ventas que se avecinaba. Ahora todos están sin trabajar.

También reveló que le negaron la entrada a su madre al restaurante, para remover unos postres y evitar que se dañaran.

Ahora le resta esperar a su día en corte, cuya visa fue señalada para el 6 de abril en la Sala de Investigaciones de Fajardo, para demostrarle al tribunal que no violó la orden de la gobernadora.

Rodríguez Dávila había indicado que ninguno de los 60 quioscos tiene un servicarro porque la estructura no les permite que el vehículo entre, ni tampoco pueden colocar ventanillas como en los restaurantes de comida rápida.

“Eso no existe en ninguno de los quioscos, ese elemento de servicarro no aplica. No tienen una ventanilla que los proteja”, sentenció.