El cuento del "pescaíto" se transformó. Ahora confinados llaman a ciudadanos ofreciéndoles carros nuevos o amenazándolos con secuestro de familiares a cambio de una suma de dinero, más llaman a jefes de agencia y a alcaldes haciéndose pasar por funcionarios gubernamentales para que desembolsen dinero del erario.

Este esquema consistía en personas alegando que eran, por ejemplo, el secretario de Asuntos Públicos y portavoz de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, llamando a alcaldes y a secretarios de gobierno para indicarles que tenían $5 millones para su municipio o agencia, pero necesitaban que pagaran $83 mil de inmediato para poder enviarle el dinero. Las cantidades variaban.

El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, indicó que los hechos ocurrieron desde principios de este año y destacó personal de la División de Crimen Organizado y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para investigar el caso.

Sánchez Betances indicó que este miércoles presentaron cargos contra tres individuos por este esquema, pero que faltan más por acusar.

"Estamos en etapa inicial, pero logramos desbaratar esta pequeña ganga de timadores. Es un esquema para engañar a la gente y por medio de ese engaño, extraerle dinero", manifestó el Secretario, quien detalló que los "cabecillas" son confinados.

"Seguimos investigando. A esto se le dio intensidad, manejando señales de teléfono y pudimos localizarlos. Esperamos que caigan más", agregó Sánchez Betances, quien no reveló más detalles porque la pesquisa continúa.

Colberg Toro reconoció que se sorprendió que estuvieran usando su nombre para cometer esta fechoría, pero aclaró que no hubo pérdida de fondos públicos porque se dieron cuenta a tiempo de la situación.

"Definitivamente (sorprendido) porque están usando el nombre de uno, llamando a jefes de agencias y a alcaldes de ambos partidos. Es algo que sorprende mucho y preocupa que haya personas que hagan una cosa como esta. Pero se investigó y entiendo que el Departamento de Justicia actuó con mucha rapidez y fueron los propios funcionarios que recibieron las llamadas que alertaron a las autoridades, muchos porque me conocen y porque jamás haría algo así y podían distinguir que no era mi voz. Pero es una situación bien incómoda, pero lo importante es que el caso se ha esclarecido, que no hubo pérdida de fondos públicos y que ahora tendrán procedimientos que tendrán que responder. El proceso continúa", expresó Colberg Toro.

El miércoles, la jueza Ladi Buono de Jesús, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Carlos García Betancourt por un cargo de tentativa de apropiación ilegal agravada y otro por apropiación ilegal de identidad. Se le impuso una fianza de $100 mil que no prestó y fue encarcelado.

Según la pesquisa, el 16 de enero pasado, García Betancourt llamó al alcalde de Cabo Rojo, Roberto "Bobby" Ramírez, haciéndose pasar por Colberg Toro. Le dijo que tenían $5 millones para su municipio, pero que necesitaba le transfirieran $83 mil. El Alcalde llamó al asesor de Asuntos Municipales de La Fortaleza, quien le dijo que eso no era así y no se dio la transferencia de fondos.

Este medio supo que apenas en septiembre pasado, García Betancourt salió de la cárcel tras cumplir cinco años por cargos de apropiación ilegal por otros casos.

Los otros dos hombres a quienes les sometieron cargos por tentativa de apropiación ilegal agravada, dos cargos por apropiación ilegal de identidad, otro por apropiación ilegal y uno por fraude fueron José Fontánez Fontánez y José Fontánez Claudio. A uno de ellos le sometieron cargos en ausencia, por lo que se le impuso $500 mil de fianza, y el otro pudo prestar el 10% de la fianza impuesta de $150 mil.

Se supo que estos se hicieron pasar por Colberg Toro y por el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse. Lograron que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) les desembolsara $150 mil en tres cheques de $50 mil a cambio de $15 millones destinados para infraestructura. Con uno de esos cheques, fueron a una tienda por departamento de descuentos y, haciéndose pasar como personal del Municipio de Humacao, pretendían comprar $31 mil en bebidas alcohólicas y que se le acreditaran $19 mil.

No obstante, las autoridades se percataron del acto y se había ordenado detener el pago.

Los tres enfrentarán vista preliminar el 8 de abril próximo.

La investigación está a cargo del director de la División de Crimen Organizado, Sergio Rubio Paredes, y el fiscal Martín Ramos Junquera, además de la agente especial del Área de Investigaciones contra el Crimen Organizado del NIE, Lilliam Rivera Ortega.

Cooperaron la Oficina de Seguridad de La Fortaleza, la División de Robos a Bancos de la Policía de Puerto Rico y departamentos de seguridad de instituciones bancarias.