“El protocolo no funcionó”. 

Y es que aunque la Oficina de Administración de los Tribunales asegura que siguió el Protocolo para la Atención, Orientación y Referido para las Personas Sin Hogar establecido por la misma entidad, surge del proceso que hubo fallas en su ejecución.

Walmart pedía recursos extraordinarios para que Rivera Febres, y los codemandados no pudieran tener acceso a su tienda de Santurce ni apostarse cerca de sus predios con el argumento de que estos habían puesto en riesgo la seguridad de clientes y asociados. 

En un principio, cuando la jueza Aileen Navas Auger denegó el pasado 22 de agosto una orden de entredicho provisional que la empresa de megatiendas solicitaba, reconoció que la situación ante su consideración representaba “un problema de implicaciones sociales que debe atenderse con diligencia, pero con la sensibilidad que amerita”.

Ese mismo día, ordenó citar a representantes del Departamento de la Familia, de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), del Municipio de San Juan y del Cuartel de la Policía Municipal.

Días después, emitió órdenes designando abogadas y abogado de oficio a cada uno de los demandados. 

“De los documentos que se acompañan se desprende que el Tribunal activó el Protocolo de Personas sin Hogar y se les nombró abogados de oficio a los demandados, garantizándoles su debido proceso de ley así como un trato digno y sensible”, indicó por escrito el director de la Oficina de Prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales, Daniel Rodríguez León. 

Sin embargo, ninguna de las agencias tuvo contacto con las tres personas sin hogar ni con sus representantes legales. Alegaron que, al no comparecer los demandados a la vista citada por el Tribunal, se vieron “limitados para coordinar los servicios que requerían”. El Municpio de San Juan informó por medio de su representación legal que se proponía visitar el área para investigar la situación de los demandados e identificar los servicios correspondientes. 

Pero, aun sin haberse establecido el contacto para la provisión de servicios, Rivera Febres fue arrestado el 1 de septiembre por haberse ausentado a la primera vista del caso, llevado ante la jueza de Karem Álvarez e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, donde murió tres días más tarde en retirada de cocaína, heroína, anestesia de caballo y otras sustancias.

“Si él (Pascual) no acudió al tribunal, si las agencias que el tribunal supuestamente convocó no lo encontraron, yo creo que la acción que había que tomar no era encarcelarlo”, señaló Ruiz.

La defensora de derechos de personas sin hogar, quien colaboró en la redacción del protocolo que se estableció en 2010, comentó que “hay que buscar otras formas de manejar la situación”. 

“Es un buen protocolo. Quizás por detalles que hace falta mejorar, se permitió que esto (la encarcelación de Pascual) ocurriera”, agregó. “Pero está claro que no está para encaminar el encarcelamiento de las personas sin hogar”.

Sin embargo, para Ruiz el origen de los conflictos en este caso antecede el arresto. 

“No debió haber empezado el caso. El primer acto que sienta un mal precedente es que Walmart intentara, mediante vía judicial, sacar de sus predios a estas personas sin hogar”, opinó. 

“Si tú estás viendo a personas en extrema necesidad, hay que buscar una forma de ayudarlas que no sea la que se utilizó”, puntualizó.