El Tribunal de Apelaciones determinó hoy que el cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda no tendrán que entregar sus celulares al Departamento de Justicia, en medio de la investigación del controvertible chat de Telegram que culminó con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

El panel de togados estuvo integrado por el juez administrador del Tribunal de Apelaciones, Erik J. Ramírez Nazario, así como por Carlos I. Candelaria Rosa y Miguel Cancio Bigas.

El pasado 30 de agosto, el juez Alberto Luis Pérez Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó que debían comparecer –“bajo apercibimiento de desacato”– al Departamento de Justicia y llevar sus celulares.

Sin embargo, el Apelativo no concurrió con esta decisión luego que ambos apelaran la orden.

“Resulta forzoso concluir que el foro primario excedió el ámbito de discreción que nuestro ordenamiento le concede al ordenar la entrega de los teléfonos móviles en cuestión bajo apercibimiento de desacato al Departamento de Justicia, en ausencia de una orden de registro y allanamiento que lo justificara. En consecuencia, se expide el auto solicitado y se recova la Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia”, reza la sentencia del tribunal intermedio.

Cuando comenzó la investigación del chat, la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced fungía como la secretaria de Justicia.

“Es evidente que el interés del Ministerio Público por llevar a cabo una investigación criminal no puede sortear la protección constitucional de las personas con respecto a sus personas y pertenencias. Dada la inexistencia de una orden de registro y allanamiento que lo permitiera, resulta improcedente que el Tribunal recurrido hubiera instrumentado el deseo investigativo del estado por vía de una reglamentación sobre citación de testigos en sustitución de una orden formal de registro y allanamiento”, añade el documento jurídico.

La defensa de Sánchez Sifonte, el abogado José Andréu Fuentes, quien defendió a Vázquez Garced cuando era secretaria y fue acusada por el Panel del Fiscal EspecialIndependiente, aseguró que la decisión salvaguarda los derechos constitucionales de todos los boricuas.

"En el día de hoy el Tribunal de Apelaciones ha vindicado nuestra Constitución y los derechos que esta le garantiza a todos los puertorriqueños para que cualquier intervención del Gobierno con sus pertenencias privadas, incluyendo sus teléfonos celulares, tenga que hacerse mediante la obtención de una Orden Judicial válida que esté apoyada en causa probable y  que proteja el derecho a la intimidad y privacidad de los cuidadanos sin importar su identidad, afiliación política o la situación bajo investigación. Para ello nunca será suficiente una mera citación por parte del Departamento de Justicia. En ese sentido, esta decisión no es para proteger a nadie en particular, sino para hacer valer los derechos constitucionales de todos los puertorriqueños. Esa es la ventaja de tener un Sistema Judicial fuerte, que haga valer nuestra Constitución y no sucumba ante las presiones públicas o ante actuaciones indebidas del Gobierno”, sostuvo en declaraciones escritas a la prensa. 

El Departamento de Justicia tiene una investigación abierta sobre las conversaciones que tuvo Rosselló en el chat de Telegram y de las cuales se desprenden comentarios machistas, sexistas, amenazantes, misóginos y burlescos. Además, compartían información confidencial a pesar de que Sánchez Sifonte no laboraba para el gobierno. Esta develación fue el pico para la debacle de la administración de Rosselló que culminó con su dimisión como gobernador.

El Ministerio les había solicitado a todos los miembros del chat que entregaran sus celulares.

Sánchez Sifonte y Miranda –quienes integraban el chat– radicaron el pasado 13 de agosto una moción para que se dejara sin efecto una orden de comparecencia en los tribunales y no entregar su teléfono celular.

El juez Pérez Ocasio concedió, en ambas mociones, 20 días al Ministerio Público para que replicara por escrito y colocó en suspenso las citaciones.