Caguas– El juez Daniel R. López se reservó hoy, miércoles, su determinación sobre si permite la declaración de la psicóloga clínica, Nydia Lucca, quien evaluó a las tres empleadas que alegan haber sido hostigadas sexualmente por el exalcalde de Cidra, Ángel Luis “Wiso” Malavé.

El licenciado Juan Acevedo Cruz, que integra la defensa de Malavé en el proceso que se lleva en su contra, intentó sentar a declarar durante la vista evidenciaria a la psicóloga forense Alexandra Ramos. Sin embargo, el juez López, del tribunal de Caguas, lo rechazó.

A Acevedo Cruz se le permitió, en cambio, realizar una argumentación en sala. El letrado explicó que Ramos testificaría que la declaración de su colega influiría indebidamente al jurado, pues la base científica en la que descansa no ha sido corroborada y es confusa.

Durante su testimonio en la vista evidenciaria anterior, Lucca hizo una explicación sobre el síndrome de la mujer sexualmente hostigada para justificar que las empleadas municipales que alegan ser víctimas de actos lascivos y hostigamiento sexual por parte del exalcalde permanecieron calladas.

“Ese testimonio de ella (Lucca) no es admisible… No tiene base científica”, insistió el licenciado Acevedo Cruz a su salida de la vista.

De acuerdo con el abogado, la psicóloga testificaría que las empleadas denunciantes están capacitadas para testificar en sala. Lucca, por su parte, declaró que las mujeres están atravesando una depresión severa a raíz de los incidentes de presunto hostigamiento.

La Fiscal Especial Independiente (FEI), Iris Meléndez, explicó a su salida que el juez no permitió la declaración de Ramos porque, de hacerlo, tendría que entrar a dirimir cuestiones de credibilidad y una vista evidenciaria no es el momento para ello.

A petición de sus familiares, el exalcalde se rehusó a ofrecer comentarios a la prensa.

 El inicio del juicio contra Malavé, de 73 años, está pautado para el 28 de enero.

El exalcalde enfrenta juicio por 11 cargos de actos lascivos y tiene otro juicio pendiente por violación a la Ley Electoral y la Ley de Ética.

El acusado fue suspendido de empleo y sueldo por el Panel de Fiscal Especial Independiente y no fue certificado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) como candidato de esa colectividad