Con miras a uniformar los procedimientos que se siguen contra los implicados del fraude primarista en el Precinto 7 de Guaynabo, el juez Alvin Rivera, del Tribunal de Bayamón, dejó en suspenso este lunes la vista preliminar contra siete de ellos.

El licenciado Ramón Negrón, uno de los abogados del primer grupo de imputados de apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos o datos falsos y perjurio, presentó recientemente un certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el que solicita que se revise la determinación del juez Rivera de no desestimar el caso.

 En espera de que la corte apelativa resuelva el asunto, el juez Rivera accedió a suspender para el 30 de septiembre de 2013 la vista preliminar contra Miguel A. Díaz Vélez, Brenda Rodríguez Rodríguez, Ariel Soto Cruz, Emanuel Ramos Verdejo, Cristhian Moreno Peña, José M. Rodríguez Pagán y Alexis Francheschi.

De esa manera, también se le concede tiempo al resto de los imputados de acudir al Apelativo.

“No vamos a entrar a ver unas vistas cuando hay otro caso que está en espera del Tribunal de Apelaciones. Si el tribunal determina algo, como sería ha lugar de la solicitud, lo que crearía es un desfase de los casos que están acá en el Tribunal de Primera Instancia”, explicó a su salida de sala el fiscal Edmanuel Santiago Quiles, quien comparte labores en el caso con Lorraine Pietri Colón.

Por su parte, el licenciado Negrón explicó que en su recurso planteó que en este caso debe regir el principio de especialidad, por lo que el Departamento de Justicia debió fundamentar sus imputaciones en el Código Electoral del Siglo XXI y no en el Código Penal. En consecuencia, agregó, el Tribunal de Primera Instancia no tendría jurisdicción para atender las acusaciones por el supuesto fraude ejecutado durante las primarias del 18 de marzo de 2012.

“Hago una proposición de que el Tribunal Apelativo discrimine sobre si el Código Electoral es el que rige o el Código Penal. Mi introducción partió de una sugerida premisa de que el Tribunal Apelativo se imagine que no existe el Código Penal y que comparen los hechos contenidos en las denuncias con lo que sí está contenido en el Código Electoral y verifiquen si allí está protegido el bien que es el sufragio universal”, dijo el letrado.

Mientras, el abogado Michael Corona, representante legal de varios de los imputados, adelantó que llegarían hasta el Tribunal Supremo de ser necesario. De igual manera se expresaron los fiscales.

“Aquí hay un problema de derecho en el trato que se le dan a las recusaciones en otras primaria y lo que se hizo en este caso”, dijo Corona, quien afirmó, a base de un análisis realizado, en cada proceso electoral se reportan más de 10,000 recusaciones.

En su mayoría están basadas en incongruencias en el domicilio, agregó.

En la primera ronda de acusaciones fueron señaladas 29 personas. Mientras que en la segunda hay 16. Con relación a este último grupo hay una vista argumentativa señalada para el próximo 15 de agosto ante el juez Pedro Saldaña.