Con un simple “sí, su señoría”, Wanda Vázquez Garced aceptó ser la primera gobernadora bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que cometió un delito, pero de carácter menos grave.

La exgobernadora arribó fuertemente escoltada.

Con este paso, la exgobernadora se expone a cumplir de seis meses hasta un año de prisión. Sin embargo, su abogado, Ignacio Fernández, destacó que las guías de sentencia permiten una pena en probatoria.

Vázquez Garced, que llegó a establecer leyes con lo que fue su poderosa firma cuando ocupó la gobernación por sucesión constitucional tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares en el Verano del ’19 y que también las puso en vigor cuando laboró como fiscal de Bayamón o secretaria del Departamento Justicia, aceptó la culpa del delito menos grave por violación a Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Lo hizo tras haber alcanzado un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cambio de dejar sin efecto una acusación por corrupción pública, en la que se le imputó cometer fraude, soborno y conspiración, junto a otros dos coacusados que también hoy se declararon culpables, el banquero Julio Herrera Velutini, y el exagente federal Mark Rossini.

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La aceptación de culpa la realizó ante preguntas de la jueza federal Silvia Carreño Coll, en la sala 4 del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, y con la ayuda de un intérprete.

Específicamente, la jueza le preguntó: ¿Es su intención de declararse culpable?

“Sí, su señoría”, respondió la mujer de 65 años, ataviada con un traje azul oscuro.

La jueza también le cuestionó si alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal -que estuvo representada en sala por la fiscal Myriam Fernández-, si estuvo presionada para llegar a un acuerdo de culpa o si encontró cambios al acuerdo que firmó para declararse culpable.

La exgobernadora llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable por un solo cargo y así evitar ir a juicio por el caso de corrupción que enfrenta en el foro federal.

¿Se declarará culpable?, le cuestionó la jueza nuevamente.

“Sí, su señoría”, volvió a responder.

Carreño Coll también le recordó que tiene derecho a arrepentirse del acuerdo y acudir a un juicio.

¿Cómo se declara?, le dijo la jueza por tercera vez.

“Culpable”, señaló Vázquez Garced.

La vista sentencia fue citada para el 15 de octubre a la 1:30 p.m.

En sala, Vázquez Garced, quien estuvo acompañada de su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón, no emitió declaraciones o explicaciones sobre su aceptación de culpa.

Pero, a su llegada al Tribunal federal afirmó que “esas situaciones que me imputaron no eran ciertas”.

Dijo que ha pasado momentos “terribles” bajo la acusación de corrupción pública que le imputó la Fiscalía federal, previo a alcanzar el acuerdo de culpabilidad.

“Son tres años bajo un ‘indictment’ que la Fiscalía va a archivar. Así que imaginen ustedes”, expresó.

De paso, le dio “gracias al pueblo de Puerto Rico... a mi familia, a mis amistades y, sobre todo, a Dios”

“Aquí estoy como siempre, de frente con ustedes y como les dije aquí el 4 de agosto (de 2022), esas situaciones que me imputaron no eran ciertas”, subrayó.

Al aceptar este acuerdo de culpabilidad, Vázquez Garced se convierte en la primera persona que ocupa la gobernación en ser convicta por un delito. Sin embargo, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado en el 2008 por un gran jurado federal, también de corrupción pública. Salió absuelto en un juicio por jurado un año después.

Con el paso dado por Vázquez Garced se evitó un juicio en el que pudo haber sido encontrada culpable y sentenciada hasta 20 años de prisión. Pero, al afirmar que libre y voluntariamente se declara culpable del cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la FECA, se expone a entre seis meses a un año de prisión, dijo la fiscal en la sala.

Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

La pena a imponerse por la violación a este delito menos grave de la ley electoral está contenida en la sección 31109 (d) (1) (A) (ii) de la mencionada ley. La misma establece que “cualquier persona que, a sabiendas y voluntariamente, cometa una violación de cualquier disposición de esta ley que implique la realización, recepción o declaración de cualquier contribución, donación o gasto, (ii) que sume $2,000 o más (pero menos de $25,000) durante un año calendario, será sancionada con una multa conforme a dicho título, o con una pena de prisión de no más de 1 año, o ambas”.

Sin embargo, su abogado expuso a la prensa que “la guía de sentencia aplicable es un nivel de sentencia número 10, que eso cae bajo la zona B de las guías. Eso significa que cualifica bajo probatoria y también permite a la defensa solicitar lo que se llama ‘aberrant behavior’. ‘Aberrant behavior’ significa que la trayectoria de una persona es totalmente opuesto al delito que se le imputa. Y la gobernadora ha sido una servidora pública por 30 años, con un récord intachable, un récord de fiscal, secretaria de Justicia, gobernadora, y ciertamente un delito menos grave no es lo usual en la vida de ella”.

Sostuvo que bajo estas guías de sentencia nunca ha visto que una persona sea sentenciada en el foro federal cumpla algún periodo en prisión.

Según la alegación de la Fiscalía federal, Vázquez Garced recibió un donativo o bien de parte de los coacusados en este caso, Herrera Velutini y Rossini.

Específicamente, la acusación alude que la exgobernadora aceptó un donativo político de una suma entre $2,000 a $25,000 durante su campaña a las primarias por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 2020. Esa contienda la ganó el exgobernador Pedro Pierluisi.

El abogado Fernández señaló que esta situación representa que “ella cometió un error y aceptó una promesa que se quedó en nada”.

Insistió en que el donativo nunca su clienta lo recibió.

“Fue una promesa que nunca se materializó”, insistió.

También dijo que con el cambio del curso de la acusación “ella se siente vindicada. Es lo primero que debemos estar, todo el mundo debe estar bien claro”.

“La vindicación no es porque se declaró culpable. La vindicación es porque le van a archivar el ‘indictment’ original. O sea, todas esas alegaciones tan fuertes, tan severas de corrupción que habían en el ‘indictment’ original, todas van a ser desestimada. Todo eso resultó que no pasó”, afirmó Fernández.

En la acusación inicial que le fue eliminada, se aludió a que los coacusados presuntamente entregaron una encuesta política valorada en unos $300,000 a Vázquez Garced a cambio de que despidiera al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

El acuerdo de culpabilidad de Blakeman y de Díaz establece que estos serán sentenciados por el delito grave de conspiración para cometer soborno. La recomendación de sentencia dice que tiene que ser “razonable”, según las guías de sentencia. Sin embargo, no estipula cuánto tiempo de prisión deberán cumplir.

¿Cómo llegó a la gobernación?

Vázquez Garced fue nombrada por Rosselló Nevares como secretaria de Justicia en el 2017. Cuando el exgobernador renunció el 24 de julio de 2019, no había una persona confirmada al cargo de Secretario de Estado, quien es la primera persona en el rango de sustitución de un gobernador.

En un inicio, hubo un intento de nombrar a Pierluisi como secretario de Estado para que asumiera la gobernación. Pero, una disputa que llegó hasta el Tribunal Supremo lo sacó de carrera. Fue, entonces, que Vázquez Garced asumió la gobernación el 7 de agosto de 2019.

Entre las determinaciones más recordadas de la funcionaria está haber cerrado el país el 16 de marzo de 2020 ante el inicio de la pandemia del COVID-19 en la Isla.