Un grupo de viequenses llevó a cabo una manifestación hoy frente al Departamento de Justicia (DJ) para exigirle a su secretario, el licenciado Domingo Emanuelli, que desestime los cargos criminales presentados contra tres manifestantes por el delito de sabotaje a servicios esenciales durante dos protestas en las que denunciaron las deficiencias en el servicio de transporte marítimo que ofrece la compañía HMS Ferries.

Los viequenses Kianí Meléndez y Gustavo Rodríguez fueron arrestados el 4 de noviembre del 2020, en el terminal de lanchas Isabel Segunda de Vieques tras una protesta en altamar por un mejor servicio de transporte marítimo. Mientras que Ismanuel Ramos fue intervenido el 27 de marzo, en el muelle de Culebra, mientras hacía los mismos reclamos contra la empresa privada y la Administración de Transporte Marítimo (ATM).

Miguel Ángel Reyes De Jesús, portavoz de los residentes de las islas municipio, que aclaró que no están afiliados a otras organizaciones, reveló que ningún funcionario del DJ se reunió con ellos para escuchar sus argumentos a favor de los imputados, a pesar de que hasta un teniente del Negociado de la Policía fue a su oficina para intentar que los atendiera.

“Lo que hizo con nosotros es un reflejo de cómo se aplica la ley en este país, esta ley que le llaman de sabotaje se la están aplicando a nuestros hermanos y hermanas de Bieké y Culebra, para hacer un escarmiento, para que todos los que vea que se hacen con ellos, si es que se lograran hacerlo cojan miedo, acepten lo que se hagan no protesten, teman organizarse y reclamar lo que es su vida...están siendo selectivos en aplicar la ley y selectivos en decidir a quien le damos cara, a quién le damos importancia y a quien no”, sentenció Reyes De Jesús.

La protesta continuará mañana frente al Tribunal de Humacao donde se llevará a cabo la vista preliminar contra acusados por defender un servicio esencial, dijo.

Contó que fiscal del caso ha citado siete testigos, dos empleados de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), dos policías y un juez del Tribunal Superior de Fajardo, quien era pasajero en la lancha el día de la protesta. Por esa razón se cambió la vista del tribunal de Fajardo al de Humacao.

En ambos casos no se detuvo la entrada y salida de manchas, aclaró.

“La preocupación nuestra en estos momentos es que para poder seguir dando la batalla es que a estos compañeros se les retiren los cargos, porque es un crimen acusar a las personas por ejercer el derecho a la autodefensa que es lo que hacemos nosotros en Vieques y Culebra. Nos defendemos porque nos estamos muriendo. No tenemos hospital, no tenemos escuelas, no tenemos transporte, la comida allí es cara y mala y no podemos salir a comprar, si traemos la comida nos arriesgamos que se nos dañe”, puntualizó Reyes De Jesús.

Los imputados enfrentarían 8 años de prisión con estos cargos que calificó como “maliciosos y absurdos”.

Considera, además, que esta acción fue tomada por el gobierno para la protección de la compañía privatizadora para reprimir cualquier tipo de expresión que se haga en contra de su negocio.

El ciudadano agregó qué, apoya la celebración de un referéndum para que se les consulte si están o no de acuerdo con la privatización del servicio.

Reacciona el Departamento de Justicia

La jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, la licenciada Melissa Vázquez Sandoval, explicó que el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli, no pudo atender a los manifestantes, pues “se encontraba atendiendo compromisos indelegables”.

Aseguró que Emanuelli “se solidariza con el pueblo viequense y confía en que se solucione prontamente la situación que han enfrentado por años en el transporte”.

“La protesta es un derecho que tienen nuestros ciudadanos y debe respetarse. Sin embargo, dicho derecho no es absoluto y termina cuando se incurre en la comisión de conductas tipificadas como delitos que, además, tienen efectos adversos sobre los propios ciudadanos, en este caso los viequenses. Interrumpir o detener la transportación u otros servicios esenciales viola el Artículo 240 del Código Penal de Puerto Rico”, indicó Vázquez Sandoval en declaraciones escritas.

Añadió que, “por ser un caso activo en el Tribunal, no podemos intervenir. Sin embargo, estamos seguros de que nuestros fiscales se conducen conforme a los principios de la justicia y el debido proceso de ley”.