El exjuez Rafael Ramos Sáenz bajó la vista por un instante en el momento en que la jueza Heidi Kiess Rivera le preguntó en sala cómo se declaraba ante los 18 cargos y una denuncia que pesaban en su contra, relacionados a su participación en el polémico chat de WhatsApp. Con voz casi imperceptible, respondió: “Culpable”.

En la sala 305 del Tribunal de Aguadilla, el también ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hizo alegación de culpabilidad luego que su defensa, representado por el licenciado Ivandeluis Miranda y los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza y Guillermo Garau, informaran a la Magistrada que habían llegado a un acuerdo para reclasificar la naturaleza de todos los delitos a menos graves.

Al inicio de la vista, Ramos Sáenz se declaró no culpable de los cargos que originalmente le fueron imputados y que incluían 18 delitos graves por aprovechamiento ilícito y uno por enriquecimiento ilícito, además de una infracción menos grave al Código Electoral.

Acto seguido, Mendoza presentó una moción de alegación preacordada y otra de alegación de culpabilidad, al tiempo que los fiscales solicitaban la reclasificación de los delitos a su naturaleza menos graves, bajo el artículo 263 del Código Penal, lo que dio paso a que finalmente se declarara culpable.

La jueza fijó para 16 de septiembre la lectura de sentencia.

Un lloroso Ramos Sáenz apenas hizo expresiones a su salida de la sala.

“Esto es un momento muy difícil para mí y para mi familia y no creo que vaya a comentar nada más”, manifestó.

Ramos Sáenz se expone ahora a seis años de prisión. Sin embargo, su caso será evaluado por oficiales de probatoria para conocer si cualifica para una sentencia suspendida, lo que podría librarlo de reclusión. 

Su abogado de defensa indicó que, de haber sido declarado culpable, la exposición pudo haber sido mayor.

“La juez siempre tiene la potestad para decidir si impone las sentencias consecutivas o concurrentes, pero había uno de los delitos que tenía una pena de ocho años (de prisión)”, sostuvo Miranda, quien sostuvo que el acuerdo, aunque difícil, le permite a su representado pasar la página.

“Los procesos criminales no complacen a nadie. Son procesos duros. Ciertamente, han visto a mi representado y pueden imaginar la crisis que esto ha traído a su familia. Así que, como abogado, expresarme complacido del dolor y el sufrimiento de alguien, no me parece propio, pero sí entendemos que se hizo el trabajo”, apuntó.

Por su parte, el fiscal Mendoza enfatizó en que el acuerdo no concede directamente una probatoria o sentencia suspendida, sino que se trata de un beneficio que tiene el acusado amparado en la ley.

“El asunto importante es que, de ese acuerdo de reclasificación, se estableció una pena a cumplir de seis años de prisión. Si habrá de cualificar para una probatoria o sentencia suspendida, quedará en manos de lo que finalmente se haga en términos de la investigación correspondiente”, destacó Mendoza, quien dijo que de haber continuado el proceso hasta su juicio y haber salido culpable, de todas formas, el exjuez tenía el beneficio de ser evaluado para conocer su cualificaba para una probatoria o sentencia suspendida. 

El fiscal especial independiente aseguró que, como parte del proceso para considerar un acuerdo, evaluaron todos los elementos relacionados a la prueba, lo que conllevaría dicho proceso y el impacto posterior.

“Entendemos que se atiende debidamente lo que son los intereses del pueblo de Puerto Rico mediante un acuerdo”, agregó Mendoza.

La alegación de culpabilidad y, por ende, la suspensión del juicio, evitará que desfilen en sala los testigos y la prueba que tenía el Ministerio Público para sostener sus cargos.

Entre los testigos anunciados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente están el exsecretario de la Gobernación William Villafañe; la exsecretaria asociada de la Gobernación Itza García, la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Waleska Maldonado, contra el exejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, AAA), Yoniel Arroyo; y contra Yesenia Díaz, quien laboraba en la secretaría de la gobernación.

No obstante, Mendoza aseguró que la prueba con que contaba la fiscalía en este caso será de dominio público. 

“La Oficina del Fiscal Especial Independiente y nosotros como fiscales estamos obligados a rendir un informe por ley, que es de acceso público y va a recoger detalles, análisis y prueba de todo lo que ocurrió en este caso. El pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de apreciar, examinar y discutir públicamente todo lo relacionado a la prueba del Ministerio Público en este caso”, puntualizó Mendoza quien, sin embargo, no especificó para cuándo estaría disponible el informe. 

Ramos Sáenz presuntamente participó activamente en el grupo llamado Plan Para Puerto Rico (P3R), que eventualmente se convirtió en el plan de gobierno del ahora gobernador Ricardo Rosselló. Mientras fungía como juez municipal en el 2015, supuestamente utilizó su correo electrónico de la Rama Judicial para funciones relacionadas al grupo político. Mientras, el 2016, también consultó a los miembros del P3R decisiones judiciales mientras se desempeñaba como presidente de la CEE de Moca, a través de los chats de WhatsApp “P3R-coffee break” y “P3R-estructura gerencial”.