El expolicía José A. Quiñones Rodríguez, acusado en septiembre del año pasado por soborno, al supuestamente ofrecerle a una joven intervenir a su favor en un caso de accidente de tránsito, a cambio de sostener una relación íntima, salió airoso del proceso judicial que se llevó en su contra en el Tribunal de Ponce.

La información fue corroborada por el Departamento de Justicia y la Administración de Tribunales. Portavoces de ambos organismos indicaron que el proceso no prosperó en vista preliminar en alzada.

Ahora el exagente se propone recuperar su empleo y fijar responsabilidades a quienes supuestamente le fabricaron el caso.

El 24 de septiembre de 2014, el fiscal Edwin Ortiz Rivera, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, presentó la acusación por soborno. La acción surgió después que la sargento Lilliam Ortiz realizó una pesquisa por parte de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Ponce.

Según Quiñones Rodríguez, la presunta víctima, Maritza Casiano Galarza, testificó durante la vista preliminar y se reiteró en su denuncia.

“La alegación de ella fue que fui en horas de la madrugada a su casa y le había manifestado que tenía una sola opción: que le tumbaba el caso si ella y yo hacíamos lo que un hombre y una mujer hacen”, dijo Quiñones Rodríguez, quien intervino en una accidente de tránsito que tuvo la fémina. El supuesto acercamiento indebido ocurrió el 4 de marzo de 2014.

Casiano Galarza abandonó el país antes de que finalizara el proceso judicial y el juez que lo presidió no encontró causa para arresto.

Luego de tres señalamientos, en ninguno de los cuales se presentó Casiano Galarza, el juez Francisco Antonio Quiñones Rivera tampoco encontró causa en vista preliminar en alzada.

“Ella (Casiano Galarza) se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se dejó llevar por los policías y decidió abandonar el país”, opinó en entrevista telefónica.

Según Quiñones Rodríguez, expulsado de la Policía tras la acusación, luego de 21 años de servicio, la acusación se dio como resultado de un contubernio entre cinco excompañeros, incluyendo a dos que laboraron como supervisores.

“Ella no quería bregar con lo que le obligaban a hacer. Fiscalía pudo haberla intimidado para seguir con el proceso”, estimó al tiempo que planteó que no descarta presentar querellas contra excompañeros, a quienes identificó por nombre y apellido.

Además, sostuvo que no descarta demandar a la Policía de Puerto Rico, agencia a la que, sin embargo, aspira regresar a laborar.

“Estoy esperando por una decisión del Superintendente. Ya la vista administrativa se vio”, dijo Quiñones Rodríguez al precisar que ese procedimiento ocurrió antes del desenlace de su caso.

Maricarmen Ortiz, portavoz de la Policía, al citar expresiones del superintendente asociado, Juan Rodríguez Dávila, indicó que el proceso judicial no necesariamente incide en el proceso administrativo.

Ortiz no pudo precisar cuándo el superintendente José Caldero podría emitir su determinación en cuanto a la apelación en este caso.

Quiñones Rodríguez, por su parte, dijo que desde que fue expulsado de la Policía el sustento de su hogar depende del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Señaló que tiene tres hijos, incluyendo a dos universitarios. Agregó que mantiene su relación con su esposa, a pesar de las imputaciones que cuestionaron su moral.

"Fue bien difícil al principio, pero ella confió en mi persona”, destacó.

Quiñones Rodríguez estuvo representado por el abogado Carlos Torres Nolasco.