La Policía de Puerto Rico y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunciaron en la mañana de este lunes un acuerdo en que se establecen los parámetros a cumplirse para que la agencia federal asuma jurisdicción en ciertos casos de robos domiciliarios y robos a comerciantes.

En conferencia de prensa en el Cuartel General de la Policía, el superintendente José Caldero López y el jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, anunciaron el acuerdo, destacando, entre otras cosas, la supuesta virtud de que los arrestados a nivel federal no gozan del derecho constitucional a la fianza, estatuto que sí reconoce la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

El acuerdo dispone que el FBI asumirá jurisdicción, lo que implica que investigará el caso y los futuros imputados serán procesados bajo leyes federales, en robos domiciliarios en los que un comerciante sea la víctima, en robos domiciliarios en los que los delincuentes se apropien de algún vehículo o cuando algún arrestado en conexión al crimen esté fichado por delitos graves.

“Este nuevo acuerdo de colaboración entre la Policía y el FBI es un movimiento adicional en la lucha contra el crimen”, dijo Caldero, al indicar que el convenio también incluye la colaboración entre la Policía y el FBI en casos en que la otra agencia sea la que asuma jurisdicción de la pesquisa.

“La Policía de Puerto Rico también ayudará al FBI en algunas de sus investigaciones, aunque no asuma custodia de la pesquisa”, dijo Caldero.

En lo que va del año se han reportado 470 robos domiciliarios, lo que representa un aumento de 108 en comparación a la misma fecha el año pasado. Caldero sostuvo que la tasa de esclarecimiento en este tipo de delitos se encuentra en 42%, cuando el año pasado fue de 39%.

A preguntas, el jefe policiaco indicó que las agencias se encuentran en conversaciones para determinar qué casos pasarán a manos del FBI. Caldero dijo que se evalúan los casos de este año.

“Todos sabemos que los robos domiciliarios han ido en aumento este año. Este tipo de delito no solamente afecta la paz y la calidad de vida de los puertorriqueños, sino que viola la santidad del hogar y de la familia”, dijo, por su parte, Cases.

“El FBI, en unión a la Policía de Puerto Rico, va a utilizar todos los recursos necesarios para combatir este tipo de crimen y aplicarle todo el peso de la ley a los delincuentes que lo cometan”, agregó el jefe del FBI, quien llegó a decir que este tipo de acuerdo “no es nada nuevo” pues actualmente colaboran con la División de Robo a Bancos de la Policía.

Por su parte, el fiscal federal José Capó Iriarte indicó que la jurisdicción federal en casos de robos se tipifica a través de la Ley Hobbs, que atiende el tema del comercio interestatal. De hecho, el funcionario indicó que las autoridades federales intervendrían en casos en que las víctimas sean comerciantes, aunque sean víctima de robo fuera de su residencia. La ley, incluso, cobija a comerciantes de negocios ilícitos como el narcotráfico.

Caldero insistió en que la razón para el acuerdo no apunta a que la Policía no dé abasto para resolver los robos domiciliarios. Incluso, dijo que la Policía tiene recursos suficientes para las investigaciones.

“Cuando ellos (el FBI) asumen jurisdicción, se aplican leyes federales y se someten los casos a nivel federal. Una de las cosas que nos beneficia aquí es que, cuando se someten los casos a nivel federal, los individuos no salen bajo fianza”, sostuvo Caldero.

Confrontado con su aseveración y al recordársele que la Constitución del ELA reconoce el derecho a la fianza, Caldero aseguró que cree en esa disposición.

“Yo creo en la fianza”, se limitó a decir.

Por otro lado, la pena carcelaria es otro factor que movió a la Policía a llegar a entendimientos con los federales.

El fiscal Capó Iriarte indicó que a nivel federal se toma en cuenta el historial delictivo del imputado a la hora de calcular su sentencia para casos como de Ley de Armas y el robo de auto a mano armada (“carjacking”), lo que abre la puerta a sentencias de cadenas perpetuas.