Un gran jurado federal en Puerto Rico acusó a Harold Borrero Borrero, residente de Toa Alta, por presuntamente operar un punto de drogas y poseer múltiples armas de fuego, anunció hoy el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

De acuerdo con documentos judiciales, desde el 2025 el acusado presuntamente conspiraba con otras personas para poseer y distribuir cocaína, crack y marihuana en el residencial público Enrique Catoni, en Vega Baja.

Borrero Borrero fue arrestado el pasado 21 de mayo durante un allanamiento realizado en una residencia de la calle Sauco, en la urbanización Ciudad Jardín, en Toa Alta.

Durante el operativo, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos ocuparon seis kilos de cocaína, una libra de marihuana, 17 bolsas medianas con cocaína, 1,148 cápsulas de crack y 24 bolsas con un polvo color crema que sería analizado.

Además, las autoridades confiscaron dos rifles, municiones para rifles y pistolas calibre 9 milímetros y .40, un chaleco antibalas y $268,722 en efectivo.

También fue ocupado un vehículo Ford Taurus para fines de investigación.

La acusación federal sostiene que el sospechoso y otros alegados conspiradores utilizaban un vehículo que aparentaba ser un carro oficial de las autoridades para llevar a cabo operaciones relacionadas al trasiego de drogas.

Según la pesquisa, el grupo mantenía una residencia utilizada para almacenar drogas en cantidades de kilos y para venta al detal, además de materiales para empaquetar narcóticos.

Las autoridades también alegan que los sospechosos mantenían récords de ventas de drogas y distribución de dinero mediante libretas conocidas como “drug ledgers”, además de poseer máscaras negras tipo pasamontañas, una tablilla adicional y una caja fuerte.

Borrero Borrero enfrenta cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de drogas con intención de distribución, posesión de armas de fuego por una persona prohibida, posesión de armas para adelantar un crimen de narcotráfico y mantener un lugar relacionado al trasiego de drogas.

El acusado compareció inicialmente ante el magistrado federal Marcos E. López el pasado 21 de mayo.

De ser encontrado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión y podría exponerse a cadena perpetua.

El caso es investigado por la DEA y la Policía de Puerto Rico.