“Hoy es un día sumamente difícil”.

Con estas palabras reaccionó el senador Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al arresto de su hermano, Iván González Costa, en medio de un operativo federal por presunto fraude de documentos y robo de identidad, realizado esta mañana en varios municipios de la isla.

El legislador aseguró que el arresto ha tenido un “impacto emocional” en su madre y otro hermano, por lo que ahora esa es su prioridad.

“Sobre el arresto de mi hermano, Iván González Costa, será el proceso judicial el que determine su participación —o no— en los hechos que se le imputan, y, como cualquier ciudadano, tendrá que enfrentar ese proceso y responder ante la ley, como corresponde", expresó en Facebook.

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“Como senador, los actos de otras personas —incluso familiares— no me definen. Yo sigo firme en mis principios, en el compromiso con la transparencia y en servir con integridad al pueblo de Puerto Rico. Agradezco la comprensión y el respeto a la privacidad de mi familia durante este proceso", sostuvo el senador independentista.

Hoy es un día sumamente difícil para mi familia. Como hijo, mi prioridad en este momento es mi familia, en especial mi...

Posted by Adrián González Costa on Tuesday, June 17, 2025

¿Por qué lo arrestaron?

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) diligenciaron esta mañana ocho órdenes de arresto y seis allanamientos en Vega Baja, Carolina, Levittown (Toa Baja), Bayamón, Cataño y Caguas, según confirmó Sandra Colón, portavoz de la agencia en Puerto Rico.

“Las ocho personas están bajo custodia de HSI”, indicó la funcionaria.

Estos arrestos están relacionados con una acusación emitida por un gran jurado federal el pasado 12 de junio contra ocho personas imputadas por conspiración para cometer fraude postal, electrónico y bancario, así como por robo de identidad agravado, informó por su parte la Fiscalía federal a través de un comunicado de prensa.

Los otros acusados fueron identificados como:

  • Enrique K. Falcón López, alias “Gordo/Náutica”
  • Luis Pagán Torres, alias “Luiso”
  • Francisco Martínez Mendoza, alias “Pito”
  • Dennis H. Ditran, alias “Dennis H. Ditran Phillips/Dennis Ditren”
  • Tomás Bermúdez Monroig
  • Jesús M. Cruz Martínez, alias “Chobi”
  • Karelys Olmo Rodríguez

Los imputados se habrían dedicado a robar información personal de ciudadanos, como nombres, fechas de nacimiento y números de licencias de conducir, para fabricar cientos de licencias fraudulentas de Puerto Rico. Estas contenían rostros de los imputados, pero datos reales de otras personas.

Rodríguez demostró con un video que captó con su celular que THe Home Depot en Montehiedra estaba despachando órdenes hoy sábado.
Con licencias falsas, los acusados presuntamente abrieron cuentas en la tienda Home Depot, donde compraron mercancía valorada en miles de dólares que luego fue revendida para su beneficio personal. (David Villafañe Ramos)

Con estas licencias falsas, los acusados presuntamente abrieron cuentas en la tienda Home Depot, donde compraron mercancía valorada en miles de dólares que luego fue revendida para su beneficio personal. También se alega que intentaron defraudar a un banco, el cual no fue identificado públicamente.

De ser hallados culpables, enfrentan hasta 30 años de prisión, además de una sentencia adicional obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado.

“Los acusados se aprovecharon de las víctimas para robar su crédito, adquirir mercancía de forma fraudulenta y luego venderla para enriquecerse. Entendemos que podrían existir más víctimas, así que si sospecha que podría ser una de ellas, comuníquese con HSI al 787-729-6969″, manifestó el fiscal federal Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

El operativo fue realizado por agentes de múltiples agencias, incluyendo el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Servicio Secreto, el Servicio de Seguridad Diplomática, la Administración del Seguro Social, el Negociado de la Policía, y la Policía Municipal de Guaynabo, San Juan y Bayamón.

Los fiscales federales Daniel J. Olinghouse y Manuel Muñiz Lorenzi, junto al fiscal auxiliar especial Edwin Caban Jr., del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, están a cargo del caso.