La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington presentó una demanda contra el Departamento de la Policía de Puerto Rico (DPPR)  por la continua violación de derechos civiles por parte de los miembros de la fuerza, despojando a la población civil de los   privilegios garantizados   por la Constitución de Estados Unidos.

Junto con la demanda se incluye  un acuerdo para la reforma del Departamento de la Policía de Puerto Rico, al que se llegó con el gobernador Luis Fortuño,  y una solicitud  de  paralización de los procedimientos  hasta el 15 de abril de 2013 para darle suficiente  tiempo   a la administración entrante de Alejandro García Padilla  de evaluar los términos del acuerdo.

“El acuerdo  aborda una amplia gama  de violaciones continuas por parte del DPPR que fueron documentadas por el Departamento de Justicia federal en el informe emitido en septiembre de 2011. El Departamento encontró causa razonable para creer que el DPPR incurrió en  patrones de uso de fuerza excesiva, uso de fuerza irrazonable diseñada para suprimir el derecho de libertad de expresión, registros  y arrestos inconstitucionales. El acuerdo también aborda alegaciones de que el DPPR falló al no investigar crímenes sexuales y de  violencia de género, participando  en prácticas discriminatorias”, se expone en un comunicado enviado  por el Departamento de Justicia federal.

En la demanda incoada ayer en el Tribunal Federal se destaca que,  al menos desde el 2007 al presente, los miembros del DPPR se  han involucrado en  la conducta inconstitucional descrita  y que los demandados, el Gobierno,  han fallado al no  corregir las causas inmediatas y factores que contribuyen a la actividad ilegal.

Se señala que  el Departamento no investiga las querellas que se le hacen de policías que incurren en esta conducta. Se indica que no se ha creado un sistema para determinar si hay policías involucrados en  violaciones de derechos civiles.

“Apreciamos la ardua labor del gobernador Luis Fortuño y del  superintendente Héctor Pesquera y su equipo. Juntos, y con la colaboración del público, diseñamos un escrito de reforma  que provee unos fundamentos sólidos para profesionalizar y dar apoyo a los hombres y mujeres laboriosos que integran la Policía, protegiendo al pueblo de Puerto Rico”, expuso  Thomas E. Pérez, asistente del secretario de Justicia federal.

Agregó que se reunieron con el gobernador electo, García Padilla, con quien “finalizarán el acuerdo para reconstruir la Policía”.

La División de Derechos Civiles alega que los demandados incurren en violaciones  a la Cuarta, la Primera y la Catorceava Enmienda.

Sostienen que   tanto los agentes como los oficiales de la fuerza hacen detenciones ilegales, registros y arrestos de personas sin  justificación adecuada. Se alega que policías, incluyendo oficiales,  toman represalias contra personas, privándolas de su derecho a libertad de expresión.

Señala, además, que discriminan contra las personas por razón de  raza, color, sexo y nacionalidad, en violación a la Catorceava Enmienda.