Un hombre fue sentenciado a 24 meses de prisión por su participación en un esquema de soborno y fraude electrónico que presuntamente involucró a empleadas de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) y la eliminación de multas, informó el martes Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico.

El juez federal Pedro A. Delgado impuso la sentencia el pasado 23 de febrero contra Juan Carlos Cruz Hernández en el Tribunal Federal en San Juan.

Además de la pena de cárcel, Cruz Hernández deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $32,000 en restitución.

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Según las autoridades, Cruz Hernández se declaró culpable el 6 de mayo de 2025 por conspiración para cometer soborno en relación con un programa que recibe fondos federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer fraude electrónico por privación de los servicios honestos de un funcionario público y fraude electrónico por privación de los servicios honestos.

La investigación reveló que Cruz Hernández negoció y realizó pagos ilegales a empleadas del CESCO en Caguas y Carolina.

Durante el esquema, pagó aproximadamente $66,000 en sobornos. A cambio, obtenía acceso a información confidencial, documentos duplicados y la eliminación de multas de tránsito y de vehículos. Los empleados implicados tenían acceso a los sistemas del DTOP y la capacidad de remover las infracciones.

Muchos de estos sobornos se realizaron a través de ATH Móvil, según la Fiscalía.

Junto a Cruz Hernández, otras tres personas fueron acusadas en julio de 2024: Verónica Forte Roig, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario. Báez Flores y Figueroa Rosario laboraban en los CESCO de Caguas y Carolina.

Dos de las imputadas serán sentenciadas en marzo de 2026, mientras que la tercera permanece a la espera de juicio.

Los cargos conllevan penas máximas de cinco años de prisión por conspiración, hasta 10 años por soborno y hasta 20 años por fraude.

El caso fue investigado por Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y procesado por la fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.