El Fiscal Especial Independiente (FEI), Guillermo Garau, intentó hoy, viernes, establecer una alegada sociedad entre el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía y el licenciado Víctor Ramos, al desarrollar su interrogatorio inicial del segundo día de la vista en alzada en contra del exjefe de gabinete de la administración del exgobernador Luis Fortuño.

Ramos, coacusado en el caso, compartió con Sagardía una oficina en una casa ubicada en Hato Rey, por lo que Garau centró sus preguntas temprano en los contratos de alquiler para utilizar esas instalaciones y al respecto interrogó al licenciado Elías Dávila.

Durante las dos horas y veinte minutos que duró el interrogatorio de Garau al licenciado Dávila, dueño de la casa donde Sagardía y Ramos tenían sus oficinas, en la urbanización Floral Park, en Hato Rey, se discutieron las disposiciones de los contratos de arrendamiento.

Dávila indicó que los contratos de cada uno de los acusados era independiente, desde que se establecieron en el 1996, y hasta el 2008, en el caso de Sagardía. También dijo que el exsecretario de Justicia era el único responsable de realizar los pagos del alquiler, que era de $650, en los últimos años.

Garau preguntó a Dávila sobre los equipos de oficina y quién era el responsable de los mismos a lo que el testigo indicó que las máquinas de fax y las fotocopiadoras eran de uso común, pero su mantenimiento y materiales eran su responsabilidad, al igual que el papel de baño y de toalla que se usaba en el local.

Entonces, Garau preguntó sobre las computadoras en las que trabajaban los acusados, a lo que Dávila contestó que Sagardía y Ramos utilizaban la misma. No obstante, agregó, sin que se lo preguntaran, que un tercer abogado, de apellido Couvertier, también la usaba.

Las constantes objeciones de la defensa, lideradas por el licenciado Carlos Javier Sagardía, hijo del acusado, y preguntas del fiscal, consideradas confusas, incomodaron notablemente a la jueza Elizabeth Linares, quien llamó la atención a las partes.

"Me imagino que los abogados en sus oficinas escriben documentos. A eso se está refiriendo", planteó Linares a Sagardía hijo, para contestarle una de sus objeciones.

 Durante la mañana imperó la falta de cordialidad entre la defensa y el fiscal Garau.

 Gran parte del interrogatorio del fiscal se utilizó para verificar si los contratos incluían el pago por estacionamiento y hasta quién pagaba el estacionamiento de la secretaria de los acusados, Vigmarie Maysonet.

 "Eso es una prueba que no sirve, por decirlo así. No es suficiente para que se pueda inferir, mucho menos demostrar, la existencia de una relación de sociedad entre Víctor y Antonio", dijo el licenciado José M. Sagardía, tío del exsecretario y miembro de su defensa.

"Y más aún, el propio testimonio del testigo del fiscal establece que habían abogados con oficinas independientes, cada uno, dentro de ese local que no era un bufete per sé", agregó, por su parte, Sagardía, hijo.

 Al exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, se le imputan violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al artículo 256 del Código Penal, sobre influencia indebida en el desempeño de un cargo público.

En septiembre pasado la jueza de Sala de Investigaciones, Ladí Buono, encontró causa para arresto por seis delitos contra el exsecretario, pero desestimó otros ocho cargos. Es por uno de estos cargos que Garau decidió ir en alzada.

 En ese momento, Garau recalcó que iría en alzada por el cargo relacionado a un alegado conflicto de interés, imputación vincula a un regalo de membresía a un campo de golf.

Hablan portavoces de la OEG

En la tarde, fueron llamadas a declarar a dos empleadas de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La primer testigo, Lilliam de la Cruz Torres, quien tenía a cargo una de las áreas de asesoramiento jurídico de la agencia, dijo que recibió un requerimiento de la anterior FEI en el caso, Lucy Burgos, en torno a si había una solicitud de dispensa por el contrato que suscribió el Departamento de Justicia con el abogado Ramos. La testigo dijo que en la oficina que ella dirigía no obraba una solicitud de dispensa a esos fines.

La segunda testigo fue Marisol Quintana, una oficial de gerencia II de la OEG. Quintana dijo que los funcionarios públicos vienen obligados a cumplir con unas horas de educación continuada en OEG.

Precisó que aquellos que son nombrados por el gobernador y confirmados por Cámara y Senado tienen que tomar un curso de ética, de administración pública y sobre uso de fondos públicos, por un total de siete horas y media.

Se estipuló que Sagardía tomó el curso de ética bajo las disposiciones de la Ley 190.

La vista de causa para arresto en alzada continuará el 20 de noviembre, a la 1:30 de la tarde.

La vista preliminar por los restantes seis cargos contra Sagardía, por presunta malversación de fondos en el uso de una tarjeta de crédito, está pautada para los días 9, 10, 13 y 16 de diciembre.