Una fianza de $1.4 millones le fue impuesta hoy, miércoles, al hombre que presuntamente intentó asesinar con una sierra eléctrica a su hijo de un año durante un incidente de violencia doméstica en Río Grande.

El desglose corresponde a $1 millón por tentativa de asesinato; $50 mil por violaciones a la Ley de Armas; $250 mil por violencia doméstica; y $100 mil por maltrato de menores.

La Fiscalía de Fajardo buscó enmendar, con la presentación de nuevos cargos y una nueva fianza a Robert Ribot Cruz, los traspiés cometidos en el caso.

Ribot Cruz arribó al tribunal de Fajardo, cantándose "inocente" de haber intentado asesinar a su hijo.

El hombre de 30 años, declaró a preguntas de la prensa que es "imposible que haga eso...es mi hijo". Insistió varias veces en que "soy inocente". 

Mientras, la perjudicada -una empleada de fast food- lució cabizbaja y nerviosa al entrar a la sala de investigaciones del tribunal de Fajardo. 

Primera Hora dio a conocer hoy que inexplicablemente la fiscal Leilany Vargas no sometió denuncias para que se radicaran cargos contra Ribot Cruz por intento de asesinato y violación a la Ley de Armas, aún cuando la testigo principal de los hechos testificó en detalles lo sucedido y que la Policía ocupara la sierra con la que el sujeto amenazó con picar por la mitad al pequeñín. Ésto como represalia a que su compañera y madre de sus tres hijos -de nueve, cuatro y un año- le notificó que lo abandonaría. Al hombre sólo se le radicaron cargos de violencia doméstica y Maltrato a Menores y se le impuso una burda fianza de $25,000 que no pudo prestar de inmediato, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. 

Lo irónico del caso, es que la fiscal Vargas -junto a la fiscal Rocío Gracia- es la misma que el pasado mes de julio cometió un error que condujo una rebaja de sentencia en el caso de asesinato de una enfermera víctima de violencia doméstica, en Ceiba.

Las fiscales obviaron la palabra "premeditación" en el pliego acusatorio contra Alexander Rodríguez Vélez, acusado de acuchillar a Camacho, lo que llevó a la jueza María Inés Cartagena a decir que no tenía otro remedio en derecho que reclasificar el delito de asesinato en primer grado a uno en segundo grado. Por lo tanto, la pena de Rodríguez Vélez fue rebajada de 99 años a 25 años.

A raíz de la situación el ex Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, ordenó una investigación contra las miembros del Ministerio Público. Además, conllevó también una disculpa pública del ex gobernador Luis Fortuño a los familiares de Camacho. Al día de hoy, se desconoce qué concluyó la investigación de Justicia.