Disgustados con la moción que radicó la exgobernadora Wanda Vázquez Garced para “clarificar” la razón por la que aceptó alcanzar un acuerdo de culpabilidad en el caso de corrupción pública que se lleva en su contra, la Fiscalía federal presentó este miércoles un recurso en el que aseguró que la justificación contiene “declaraciones falsas”.

“En primer lugar, Estados Unidos, (representado por la Fiscalía federal), niega rotundamente que se hicieran las declaraciones o cualquier otra declaración similar atribuidas al abogado del gobierno y a la dirección del Departamento (de Justicia de los Estados Unidos) durante la reunión, de que los fiscales ‘se arriesgaron’ o de que ‘la acusación ha colapsado y ya no es viable’. Las citas atribuidas al abogado del gobierno y a la dirección del Departamento en la moción de Vázquez (Garced) son completamente falsas. La acusación en este caso no fracasó y Estados Unidos está listo para proceder a juicio, de ser necesario”, indica la moción firmada por la fiscal federal Myriam Fernández González.

La reacción se da a un día de que los abogados de defensa de la exgobernadora, Ignacio Fernández, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, presentaran una moción informativa para clarificar la razón por la que acogieron el acuerdo de culpabilidad. En el documento de 28 páginas se alega que en marzo pasado supuestamente surgió nueva evidencia que encaminó a que se diera un acuerdo en el que los cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico quedaron sin efecto, cosa que también la Fiscalía federal rechazó.

La explicación de los abogados de la exgobernadora indicaba que, “a partir de ese momento, después de que altos funcionarios del Departamento de Justicia reconocieran que la acusación ya no era sostenible, las partes iniciaron negociaciones para un acuerdo de culpabilidad por primera vez. Las negociaciones duraron varias semanas hasta que se llegó a un acuerdo el 17 de junio de 2025”.

El acuerdo contempló que los cargos por corrupción fueron cambiados por un cargo menos grave por violación a leyes electorales, específicamente donativos prohibidos. La diferencia es significativa, pues Vázquez Garced se exponía hasta 20 años de prisión. Ahora, con el delito menos grave pudiese implicar una pena menor de un año en prisión o multas.

Pero, esta no es la única desmentida que le dio la Fiscalía federal a la postura de la exgobernadora para justificar su decisión. También aludieron estar “en desacuerdo” con la información vertida en la moción de Vázquez Garced sobre el impacto que tuvo la investigación de sus abogados para detonar irregularidades por parte de la Fiscalía en esta acusación.

Refutaron que la prueba con la que cuentan sea “contradictoria”. Pero, sobre todo, rechazaron que los abogados de Vázquez Garced hayan demostrado ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que nunca tuvieron un caso sólido y que el proceso no hubiese sido “legalmente viable”, como alude la moción de la exgobernadora.

“Por último, Estados Unidos niega que las declaraciones realizadas por el gobierno en la conferencia de prensa posterior a la acusación hayan alegado o insinuado que la acusada se benefició personalmente del esquema, incluyendo aproximadamente $300,000. La acusada Vázquez concluye de manera enfática afirmando que la moción ‘aclara el expediente para reflejar la verdad’ con la falsedad de que la resolución negociada se derivó de ‘nueva evidencia convincente y exculpatoria descubierta a través de la investigación de la defensa’. Ese simplemente no es el caso”, se enfatizó en la moción de la Fiscalía.

Pese a las diferencias, de la moción no se desprende que el caso vaya a tomar un nuevo giro y termine en un juicio.

“Si bien Estados Unidos estaba y sigue estando preparado para llevar el caso a juicio según lo imputado en la acusación, la resolución negociada con esta acusada y con los demás acusados fue apropiada y coherente con las prioridades de aplicación de la ley del Departamento de Justicia. Además, Estados Unidos mantiene su posición de que las negociaciones de culpabilidad se llevaron a cabo de buena fe en nombre del gobierno y sirvieron para conservar los recursos procesales y judiciales”, concluyeron.

Estas expresiones la emitió la Fiscalía federal al reconocer que no fueron requeridas por el Tribunal federal, sino porque deseaban dejar claro los presuntas “declaraciones falsas”.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022, cuando un gran jurado la acusó, junto a otros dos implicados, el banquero Julio Herrera Velutini, así como su asesor, el exagente federal Mark Rossini.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Vázquez Garced está citada para el próximo 27 de agosto para que acepte su culpabilidad en el delito menos grave por violación a leyes electorales.