El séptimo día del juicio federal contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, continuó con el largo desfile de testigos de la fiscalía, que ya supera los 35, aunque a diferencia de las jornadas anteriores, no se trató de empleados o exempleados afectados por el esquema de fraude que se le imputa a Nazario, sino de especialistas en finanzas y economía, en un esfuerzo por reforzar la validez de la voluminosa evidencia en forma de documentos que se ha presentado y que la defensa a buscado poner en duda.

El senador está acusado de haber cometido fraude y haberle mentido al gobierno federal, violando así un acuerdo al que había llegado con el Departamento del Trabajo federal, para pagar las horas voluntarias que habían trabajado un sinnúmero de empleados sin ser remunerados entre 2012 y 2014, práctica que se determinó era contraria a las leyes laborales.

Según ha transcendido por la evidencia mostrada en corte, Nazario (para ese entonces alcalde de Yauco) se habría valido de diferentes estrategias para hacer creer a empleados que el cheque que estaban recibiendo para pagarle por las horas voluntarias, según el acuerdo con el DT federal, era un pago por algún otro concepto, como salario por adelantado, y luego dejaban de emitir sus pagos de nómina regular, o cancelaban los cheques emitidos. Al no saber que el cheque era por las horas voluntarias, los empleados asumían que se les continuaba remunerando por su trabajo.

La fiscalía ha mostrado una gran cantidad de documentos durante el proceso, que incluyen copias de cheques, registros de nómina, listados de asistencia y documentos con diversa información escritos a mano, además de una gran cantidad de empleados y exempleados que en su mayor parte han testificado que fueron engañados por Nazario y trabajaron durante meses sin paga, aunque también ha habido testimonios contradictorios y algunos que han defendido al exalcalde y negado haber sido engañados o que se les deba dinero.

Entretanto, la defensa de Nazario, conformada por los abogados María Domínguez, Edgar Vega, Javier Micheo y Carlo Andréu, luego de algunos malos momentos iniciales, ha trazado una estrategia de sembrar dudas sobre toda esa prueba documental en cuanto al grado de su certeza, y por consiguiente su validez.

Así las cosas, la fiscalía sentó este jueves a declarar a Edimanuel Troche, quien fue técnico de nómina en el municipio de Yauco entre 2005 y 2015.

A preguntas de la fiscal Myriam Fernández, quien lleva el caso junto al fiscal Scott Anderson, el testigo explicó como parte de sus labores estaba encargado de procesar los pagos a empleados, las deducciones a su paga (seguro social, Asume, retiro, entre otros), así como de activar y desactivar empleados en la nómina.

Agregó que entraba al sistema la información personal del empleado, siguiendo las instrucciones del entonces alcalde Nazario, su ayudante Edwin Torres, la directora de recursos humanos Claribel Rodríguez o la secretaria de esta última, Karen Sepúlveda.

Troche abordó entonces el periodo de 2015 en que habría ocurrido el fraude que se le imputa a Nazario. Detalló que “para marzo (de 2015) empecé a hacer una nómina especial. Así fue que me la presentaron. Abel Nazario me la presentó”.

“Me llevaron un listado con nombres de empleados, la cantidad a pagarle y me dijeron que era una nómina especial a pagar antes de la fecha que tenía indicada cada empleado”, relató.

Sostuvo que la primera vez que le dieron instrucciones sobre la nómina especial lo hizo Nazario, quien también le dio instrucciones adicionales “dos o tres veces” más. Dijo que también recibió instrucciones del ayudante Torres y la directora de recursos humanos.

Específicamente, agregó, le daban una hoja con nombres y la cantidad a pagarles, en diferentes periodos. Tanto Nazario como Torres y Rodríguez le dieron esa lista en diferentes ocasiones, así como la instrucción de desactivar a los empleados en cuestión de la nómina, de manera que no recibieran salario durante cierto tiempo.

Troche sostuvo que nunca se le explicó las razones para esa nómina especial ni se le dijo que esos pagos eran parte de un acuerdo con el DT federal. Añadió que la una vez procesaba la lista de empleados, la devolvía al alcalde o su ayudante, según las instrucciones que ellos mismos le habían dado.

Al testigo se le mostró la copia del documento que, según el acuerdo con el DT federal debió mostrarse a todos los empleados en un lugar público, en inglés y español, explicando el acuerdo y su alcance, así como que no se podría tomar represalias contra nadie involucrado. Se le preguntó si “lo vio alguna vez publicado o posteado en las oficinas de recursos humanos”.

“Yo no lo vi”, afirmó.

A Troche también se le mostró otro documento, con la lista emitida por el DT federal de empleados que serían compensados y la cantidad, y dijo que sí lo había visto antes, pero sin el encabezado que identificaba al DT federal.

Se espera que durante la jornada continúen testificando los restantes testigos de la fiscalía.