La Fiscalía federal insistió en que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced debe cumplir un año de prisión, porque sus actos son constitutivos de corrupción gubernamental y minaron la confianza del pueblo en el proceso electoral.

Según aseguraron en una moción de oposición a que se anule el memorando de sentencia en que el que se le recomienda un año de prisión, tal y como lo solicitó la exgobernadora, “no se puede tapar el sol con la mano”.

“La acusada socavó la integridad de una elección primaria a nivel de toda la isla para la gobernación al acordar y aceptar ilegalmente recibir contribuciones de campaña ilegales provenientes del extranjero. Al hacerlo, subvirtió la Ley Federal de Campañas Electorales, al participar en un esquema para obtener ilegalmente contribuciones políticas de campaña de Julio Herrera Velutini. El daño en este caso es sustancial. El esquema político ilegal de la acusada Vázquez Garced minó la confianza del pueblo de Puerto Rico en la transparencia de su proceso electoral”, asegura el documento presentado por la Fiscalía federal ayer, martes.

La respuesta surge a petición de la jueza federal Silvia Carreño Coll, quien debe pasar juicio sobre la petición de Vázquez Garced para intentar que se anule el memorando de sentencia que radicó la Fiscalía federal en su contra.

En la petición principal, los abogados de la exgobernadora, Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, exponen “el gobierno, (representado por la Fiscalía federal), ha incumplido el acuerdo de culpabilidad de cinco maneras independientes. Si bien técnicamente recomienda una sentencia dentro del rango estipulado de seis a 12 meses, el Memorando de Sentencia del Gobierno busca justificar la pena máxima legal de prisión (de un año) incorporando acusaciones de soborno y corrupción de la acusación desestimada”.

En el escrito de respuesta, firmado por el fiscal federal Seth Erbe, se le imputa a la exgobernadora de intentar reescribir los hechos que supuestamente admitió bajo juramento, minimizando un delito que, según el propio acuerdo de culpabilidad, consistió en aceptar conscientemente contribuciones ilegales de un extranjero que corrompieron el proceso electoral de Puerto Rico.

“Los hechos describen las contribuciones ilegales de campaña provenientes del extranjero que fueron aceptadas de manera consciente e intencional por Vázquez Garced de parte de un banquero venezolano que estaba sujeto a una auditoría regulatoria por parte de la OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras). La exposición de los hechos proporciona contexto sobre por qué Herrera estaba dispuesto a realizar contribuciones ilegales a la campaña, cómo las realizó a través de un tercero (el exagente federal Mark Rossini), los servicios que se prestaron y por qué Vázquez Garced aceptó dichas contribuciones ilegales”, expuso la Fiscalía.

“A pesar de los intentos de Vázquez Garced por evadir los hechos de este caso, y como se indicó anteriormente, Estados Unidos tiene la obligación de exponer los hechos para justificar su recomendación de sentencia. De igual manera, el Tribunal tiene el deber de considerar los hechos relevantes sobre cómo y por qué se cometió el delito al momento de determinar una sentencia apropiada”, se añade en otra instancia.

El documento establece que se justifica que la exgobernadora cumpla un año en prisión, según las guías de sentencia y por la “seriedad del delito”.

“El esquema político ilegal de Vázquez Garced socavó la confianza del pueblo de Puerto Rico en la transparencia de su proceso electoral”, se insistió.

La Fiscalía también expuso que la exgobernadora ha intentado minimizar sus delitos públicamente, en los que también fueron imputados Herrera Velutini y Rossini, quienes se declararon culpables. Los tres serán sentenciados el próximo 29 de enero.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.