La Fiscalía federal reveló ayer, martes, que ofreció acuerdos de culpabilidad a los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez y a un contador público, acusados de obtener sobre $2.3 millones de ayudas por alivio a los efectos del COVID-19 de manera fraudulenta.

El expediente judicial contra los empresarios Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del político novoprogresista, y del contador público Román Valentín Montalvo, da cuenta del ofrecimiento. Sin embargo, no se dan detalles de las penas que pudieran enfrentar si se hacen responsables de los delitos achacados.

Fue la fiscal federal Myriam Y. Fernández González quien reveló que se extendió el ofrecimiento de los “acuerdos de culpabilidad”, durante una vista del estado de los procedimientos que se efectuó ayer en el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, ante la jueza Camille L. Vélez Rivé.

“El fiscal adjunto Fernández informó que se habían entregado las pruebas y se habían presentado ofertas de acuerdo”, dice el expediente.

Se informó que los abogados de las partes, en específico los abogados de los hermanos Navarro Suárez, Edgar R. Vega Pabón y Jason González, “presentaron alegatos de atenuación y solicitaron una audiencia de seguimiento en 45 días”.

Una vista judicial fue citada para el 18 de mayo, en la que se daría seguimiento al posible desenlace del ofrecimiento que hizo la Fiscalía federal.

Los hermanos Navarro Suárez, el contador y varias empresas fueron acusadas por un gran jurado el 27 de marzo de 2025. Las empresas son JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp.

Enfrentan 12 cargos por “un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act, en inglés). También, son acusados de sobornar un empleado bancario y por lavar dinero.

Según el pliego acusatorio, los 12 cargos corresponden a conspiración para cometer fraude electrónico, soborno y por sobornar al empleado del banco por ayudar a los acusados a llevar a cabo el esquema, lavado de dinero de fondos federales y lavado de dinero.

De ser hallados culpables durante un juicio, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 por lavado de dinero de fondos federales y hasta 10 por lavado de dinero.