El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, advirtió que podrían existir más víctimas en un esquema de fraude financiero que llevó al arresto de ocho personas en la isla, entre ellas Iván González Costa, hermano del senador independentista Adrián González Costa.

Los detenidos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal, electrónico y bancario, así como por robo de identidad agravado.

Según la acusación emitida por un gran jurado el pasado 12 de junio, los imputados utilizaron datos personales robados —como nombres, fechas de nacimiento y números de licencias de conducir— para crear documentos falsos, abrir cuentas en Home Depot y adquirir mercancía valorada en miles de dólares, que luego revendían para obtener ganancias.

También se alega que intentaron defraudar a una entidad bancaria no identificada.

“El fraude financiero es uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente los ciudadanos y las empresas en Estados Unidos. La prevención y el enjuiciamiento de delitos de esta naturaleza seguirán siendo una prioridad para la Fiscalía federal”, expresó Muldrow.

“Los acusados se aprovecharon de las víctimas para robarles su crédito, adquirir mercancía de forma fraudulenta y luego venderla para enriquecerse. Entendemos que podrían existir más víctimas, así que si sospecha que podría ser una de ellas, comuníquese con HSI al 787-729-6969”, agregó.

Tras el arresto de su hermano, el senador González Costa reconoció que la situación ha tenido un fuerte impacto emocional en su familia. Recalcó que será el proceso judicial el que determine la responsabilidad de su hermano en los hechos que se le imputan.

“Como cualquier ciudadano, tendrá que enfrentar ese proceso y responder ante la ley, como corresponde”, afirmó el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño.

González Costa fue arrestado durante la mañana de este martes por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), quienes diligenciaron ocho órdenes de arresto y seis allanamientos en Vega Baja, Carolina, Levittown (Toa Baja), Bayamón, Cataño y Caguas.

De ser hallados culpables, enfrentan hasta 30 años de prisión, además de una sentencia adicional obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado.