A Javier Alexis Muñiz Álvarez, acusado junto al recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) Anaudi Hernández Pérez en un caso de corrupción gubernamental, se le impuso fianza temprano hoy, martes, pero enseguida la Fiscalía federal solicitó que se paralice la misma y se celebre una vista de revisión ante el juez federal del caso, Pedro A. Delgado.

Por esa razón, Muñiz Álvarez, acusado por conspirar para cometer fraude electrónico y a programas federales, así como por destrucción de evidencia y conspiración para cometer lavado de dinero, permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglás en inglés), en Guaynabo. 

Mientras, el juez Delgado señaló la vista de reconsideración de fianza para mañana, miércoles, a las 10:30 a.m.

Esta mañana, la magistrada federal Silvia Carreño Coll no dio peso a la prueba que trajo el fiscal José Capó Iriarte, quien alegó que Muñiz Álvarez amenazó con asesinar a una testigo, a su familia y a su perro, en octubre pasado.

Muñiz Álvarez no fue acusado por obstrucción a la justicia o por intervenir con testigos y no hubo grabaciones de las supuestas expresiones.

Carreño Coll le impuso $5,000 de fianza asegurada y $5,000 no asegurados, que no tiene que prestar al momento, a menos que no cumpla con las condiciones de libertad bajo fianza. Además, le señaló detención domiciliaria. 

La magistrada le indicó al acusado de 34 años que puede salir a trabajar y a estudiar, ya que está en proceso de terminar un doctorado en sicología, pero deberá permanecer bajo supervisión electrónica.

Entre lágrimas, con uniforme de sumariado y esposado de pies y manos, Muñiz Álvarez escuchó cuando Carreño Coll le recalcó que no puede comunicarse directa o indirectamente con ningún testigo, ni coacusado en el caso.

Sin embargo, al inicio de la vista de fianza, Capó Iriarte planteó que solicitaban la detención del acusado por entender que era un riesgo de peligro a la comunidad y de cometer obstrucción a la justicia, porque el acusado había amenazado a una testigo con matarla a ella, a su familia y hasta a su perro.

Agregó que el acusado tenía licencia de portación de un arma calibre 380, pero que durante los años había comprado municiones de otros calibres. El fiscal también alegó que Muñiz Álvarez no tiene permiso de tiro, pero sí tiene licencia de portación de armas. 

El abogado de Muñiz Álvarez, Francisco Rebollo Casalduc, destacó que su representado entregó el arma voluntariamente a las autoridades una vez fue arrestado y que no es ilegal comprar municiones de otros calibres.

Rebollo Casalduc destacó que "esperaba evidencia más contundente" de las supuestas amenazas que hiciera su cliente en octubre pasado, por lo que se basaban en prueba de referencia. Planteó, que de ser cierto que amenazó a una testigo, sería una expresión popular, "caricaturesca".

"Todos en esta sala hemos dicho en algún momento que si alguien le hace daño a nuestros hijos, lo mato. Es como decir, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Es un decir", destacó el abogado.

Manifestó que si hubiese ocurrido dicha amenaza, le hubiesen colocado un sistema de grabación a la testigo para tratar de grabar la expresión de su representado, o le hubiesen radicado un cargo por obstrucción a la justicia, lo que no ocurrió.

"Dudo que el juicio sea antes de las elecciones. Si no le da fianza, estará más de un año en prisión solamente basado en esa alegada expresión... Estas expresiones suenan 'sexy', llamativas, pero no por eso vamos a mantenerlo sin fianza en prisión. No se le debe dar el peso a la prueba que la Fiscalía quiere darle", dijo Rebollo Casalduc.

La magistrada destacó que Muñiz Álvarez no tiene historial criminal, ni de uso de sustancias controladas, y que ya lleva cinco días sumariado en el MDC, desde su arresto el 3 de diciembre pasado.

"Si hubiese una amenaza clara, lo hubiesen acusado", planteó la magistrada.

El fiscal ripostó que están considerando someter un pliego acusatorio enmendado para agregar el cargo por obstrucción a la justicia y dijo que hay grabaciones del acusado, pero no de la amenaza. Recordó que, de ser encontrado culpable, las guías de sentencia lo colocan con una pena recomendada de ocho años de prisión.

Capó Iriarte procedió a sentar en el banquillo de los testigos a un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que entrevistó a la testigo, pero admitió a preguntas de Rebollo Casalduc que no fue quien preparó las notas del agente federal que entregaron en sala que habla del supuesto incidente ni es el agente investigador del caso.

El agente indicó que cuando comenzó a hablar con la testigo, "comenzó a llorar, asustada".

"Dijo que Javier a lo mejor no lo hacía él mismo, pero que tenía conexiones con otras personas que podrían halar el gatillo. Otros agentes recibieron la información también, los agentes involucrados en el caso. Ella dijo que él podía hacerlo o mandar a otra persona porque tiene conexiones", dijo el agente.

Fue entonces que Rebollo Casalduc sostuvo que su representado "no debía pasar ni un día más en prisión" basado en dicha prueba. La magistrada le concedió la fianza.

"Si lo dijo, pudo haber sido bajo estrés, presión o por la radicación inminente de un caso en su contra", añadió Carreño Coll.

Capó Iriarte contestó que Rebollo Casalduc no había probado que la expresión no era cierta, a lo que el abogado le respondió: "quien tiene que probar las alegadas amenazas es el gobierno".

"Pensé que íbamos a ver evidencia creíble. Esto es increíble. ¿Mi cliente estuvo en prisión cinco días por esto? No debe pasar ni un solo día más en la cárcel. Se le pueden imponer condiciones de fianza", expresó Rebollo Casalduc. 

Acto seguido, el subjefe de la Fiscalía federal, Timothy Henwood, solicitó mediante moción la paralización de libertad bajo fianza y que se lleve a cabo una vista en alzada para revisar la misma ante el juez que preside el caso, según se desprende del expediente electrónico del caso.

Previo a la vista de fianza, se vio la lectura formal de cargos de Muñiz Álvarez y de Carlos Francisco Luna Cruz, quienes hicieron alegación de no culpabilidad a través de sus abogados.

Luna Cruz indicó que tiene 33 años y que trabajaba como consultor de salud mental para un centro Head Start, en San Sebastián. El hombre está libre bajo fianza desde el día de su arresto.

Según el pliego acusatorio, ambos eran empresarios de JM Profesional (sic) and Training Group, compañía a la que estaba ligada Hernández Pérez y que obtuvo un contrato con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), gracias a la anuencia de la coacusada y entonces administradora de ADL, Sally López Martínez, también acusada en este caso y quien se alega consiguió dicha posición gracias a que Hernández Pérez se lo pidió a su amigo, el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Luis Gerardo García Padilla.

Uno de los contratos otorgados comenzó por $200,000 y aumentó hasta $800,000, y otro se firmó por $300,000, pero llegó a ser de $944,500. Los contratos eran para ofrecer servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo alrededor de la Isla.

Los demás acusados en este caso son la directora de la División de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier Eduardo González Calderón; su ayudante Glenn Omar Rivera Pizarro; y el director de informática y tecnología de la Cámara, Víctor Rafael Burgos Cotto.

Todos hicieron alegación de no culpabilidad y están libres bajo fianza, y se supo que Hernández Pérez hace los arreglos para prestar la fianza impuesta de $200,000 para salir de MDC.