La fiscalía federal presentó un recurso de hábeas corpus para que Pablo Casellas Toro sea trasladado de la sección 501 de la Cárcel Regional de Bayamón al Tribunal Federal este viernes para la vista inicial de fianza y lectura de acusación en su contra.

La petición indica que es "necesario que el acusado comparezca y sea transferido al Tribunal Federal para la acusación y cualquier otros procedimientos judiciales del caso", por lo que se le solicita al juez federal Joseph R. Goodwin que ordene a alguaciles federales u oficiales del Departamento de Corrección estatal "para que entreguen personalmente a Pablo Casellas Toro".

La solicitud fue sometida por el fiscal del caso, Michael E. Gilfarb, de Florida, el jefe de fiscalía del sur de Florida, Wilfredo A. Ferrer, y el secretario de Justicia federal, Eric H. Holder.

Dicho recurso es uso y costumbre para solicitar que los acusados que están en instituciones carcelarias, sean trasladados por las autoridades pertinentes a la citas en el tribunal.

Casellas Toro tiene una cita en la sala 7 del Tribunal Federal en Hato Rey este viernes a las 10:30 a.m. para la vista inicial, de fianza y lectura de acusación en su contra por tres cargos federales que enfrenta por ofrecer falso testimonio a las autoridades federales relacionadas a un “carjacking” del que alegó ser víctima.

El hijo del juez federal Salvador Casellas será sentenciado el día antes en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón tras ser encontrado culpable el 22 de enero pasado por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Goodwin vendrá desde Virginia a ver el caso, cuyo pliego acusatorio fue emitido el 10 de abril de 2013, pero se mantuvo sellado hasta ahora "para proteger los derechos de juicio justo contra el acusado en el proceso estatal".

La acusación detalla que el 17 de junio de 2012, Casellas Toro alegó que fue víctima de un crimen en las inmediaciones del Club Metropolitano de Tiro, en Toa Baja. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acudió a la escena para determinar si se había cometido un delito federal por tratarse de un alegado robo de vehículo a mano armada.

El hoy acusado informó que unos individuos dispararon contra el cristal trasero de su vehículo, obligándolo a detenerse. Dijo que un sujeto lo forzó a moverse al asiento del pasajero, mientras le apuntaba con un arma, y que fue entonces que le dispararon en el brazo y logró escapar por un cristal roto y esconderse de los maleantes, hasta que vio que su carro no estaba. Dijo que tenía dos armas en el baúl de su auto.

El primer cargo es por "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" en el que alegó que fue a disparar al club de tiro, cuando la realidad es que no fue a practicar, sino "a crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen".

En el segundo cargo, se le imputa que "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al decir que alguien provocó que detuviera su automóvil, cuando nadie provocó tal acto, y el tercer cargo fue por "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que a punta de pistola, lo forzaron a moverse al asiento del pasajero, "cuando eso no ocurrió".

De ser encontrado culpable a nivel federal, es expone a cinco años de prisión. A nivel estatal, se enfrenta a una sentencia de 118 años por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y destrucción de evidencia del arma homicida por el asesinato de su esposa, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo.