La Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU) condenó lo que a su juicio aparenta ser “una ejecución sumaria de un joven desarmado de 16 años de edad” durante una intervención policíaca en la urbanización La Riviera, en Río Piedras, durante la noche del lunes.

En un comunicado de prensa, criticaron las expresiones del liderato del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) por considerar que prejuzgaron los acontecimientos e insistieron que un vehículo de motor debe considerarse un arma letal. El menor manejaba un vehículo que había sido hurtado en Carolina horas antes.

Reiteraron su visión que estos casos deben ser investigados por una entidad independiente desvinculada del gobierno para que la misma sea una objetiva, ya que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), a la que se le encomendó la pesquisa total del incidente, pertenece a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al igual que el NPPR.

Señalaron sería al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia o al Senado, a los que les corresponderían la creación de una comisión investigativa independiente para este tipo de casos.

“La ACLU de Puerto Rico condena enérgicamente lo que a toda luz aparenta ser una ejecución sumaria de un joven desarmado de 16 años de edad. Condenamos expresiones prematuras por el alto mando policial, prejuzgando lo acontecido en la escena de los hechos informados, y conducentes a justificar lo injustificable; condenamos cualquier intento de engañar al pueblo con una investigación cuyo fin es aparente, y cuyos hallazgos seguramente no serán transparentes”.

Además, expresaron su malestar porque los siete policías y un sargento fuera rearmados sin culminar ni siquiera la investigación preliminar o ser sometidos a una evaluación de profesionales de la salud mental según lo exigen los protocolos.

Rememoraron casos que calificaron como ejecuciones extrajudiciales como el caso del Cerro Maravilla de Villalba (1978); la del ciudadano Miguel Cáceres en Humacao (2007); del joven Jorge Luis Polaco Jiménez, de 27 años, en Carolina (2007), ente otros sucesos que han estremecido al país.

“Lo que distingue el caso que ahora está ante la opinión pública, y que ha causado revuelo en Puerto Rico, es que se trata de Javier Antonio Cordero Nevárez, un menor de 16 años de edad, desarmado, que fue acribillado con más de 13 impactos de balas, en una balacera no respondida, de más de 60 tiros realizados por un sinnúmero de agentes de la Policía de Puerto Rico.

En su opinión el NPPR está “fuera de control” o como indicó la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos al presentar su informe en el 2011 – el Departamento de la Policía de Puerto Rico está roto (“broken”), en el pleito que llevó a la Reforma Sostenible de la Policía.

“Con estas expresiones, y por un historial nefasto de violaciones de derechos civiles, la Policía de Puerto Rico fue demandada por violaciones reiteradas a los derechos fundamentales del pueblo; lo que culminó en un fallido acuerdo para reformar este cuerpo policial. No es suficiente redactar protocolos, a los cuales reiteradamente se refieren para implicar que se está reformando a la policía. Muchísimos acontecimientos, posteriores a la firma del acuerdo para reformar a la policía, apuntan a lo contrario. La Policía de Puerto Rico no está reformándose, solo hace lo necesario en el momento, para quitarse de encima al Departamento de Justicia de Estados Unidos”, sentenciaron.

Finalmente, reconocieron que el trabajo policial es duro y mal compensado, pero ello no es justificación para abusar del poder y faltar a los derechos fundamentales de un pueblo y lamentaron que Cordero Nevárez nunca tendrá un proceso judicial, asistiéndole la presunción de inocencia ni recibirá los servicios de intervención temprana para encaminar su camino.

“El trabajo de todo policía es prevenir la criminalidad, dentro de un marco de constitucionalidad. Ante una escena de actos delictivos, deberían intentar detener y procesar a los acusados, utilizando solamente la fuerza que requiera la situación. Los policías de Puerto Rico no pueden ser agentes de detención, fiscales, jueces y verdugos”.

El director ejecutivo de la ACLU es el licenciado William Ramírez y el director legal el licenciado Fermín L. Arraíza.