La gobernadora Jenniffer González Colón prometió este viernes que para el próximo año 2026 esperan lograr un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal para aumentarle el salario a los policías.

Además, dijo que se contratará a una empresa para auditar a la Policía y certificar la deuda que se tiene con los agentes del orden público por el pago en exceso de las 480 horas de tiempo compensatorio que se les adeuda desde el 2017. La medida daría paso al pago de la adeudado.

Estas promesas de resolver los principales problemas que enfrentan los uniformados en el próximo año la dio a conocer la primera ejecutiva tras sostener una reunión en la noche del jueves con representantes de nueve gremios de la Policía, el comisionado de la Policía, Joseph González, y otros funcionarios de gobierno.

La gobernador informó, en comunicado de prensa, que les dejó saber a los gremios que existe un esfuerzo del componente fiscal del Gobierno, incluyendo a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr acuerdos sobre el aumento salarial.

“La realidad es que enfrentamos un problema estructural. Los policías recién reclutados reciben un salario que no compite con los estados, y en muchos casos no se han revisado las escalas salariales desde los años 2005, 2018 y 2020. Este es un asunto que hemos tomado con seriedad. Como parte de este esfuerzo, el Gobierno de Puerto Rico ya ha identificado recursos para coordinar con la Junta de Supervisión Fiscal y poder actualizar las escalas salariales de la Policía de Puerto Rico, haciendo finalmente justicia a nuestros policías”, sostuvo González Colón.

La gobernadora le informó a los líderes de los gremios de la Policía que espera lograr un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal antes de que culmine el primer semestre del próximo año.

Mientras, sobre el pago del dinero adeudado, se informó que se ha realizado un esfuerzo para contratar a una empresa de auditoría a través de la Administración de Servicios Generales. De inmediato, lanzó su promesa.

“(Se) llevará a cabo una auditoría el próximo año. Esta auditoría permitirá evaluar la deuda emitida por pasadas administraciones, con el fin de iniciar el pago de lo que se le adeuda a nuestros policías”, expresó la gobernadora.

En una vista pública realizada por el senador Gregorio Matías en julio pasado trascendió que la deuda alcanza los $132,660,441 por el tiempo adicional trabajado que no le han pagado a 7,997 oficiales de la policía activos y a 1,663 jubilados.

La necesidad de auditar la deuda se ha mencionado en múltiples instancias durante el año, pero no ha ocurrido todavía la contratación del auditor que inicie el proceso de evaluación de la deuda que el gobierno tiene con los agentes.

Por otro lado, durante la reunión se dialogó sobre la importancia de dar continuidad a los esfuerzos de limpieza y mantenimiento de los cuarteles alrededor de la Isla, con el objetivo de garantizar espacios de trabajo dignos y adecuados para los miembros de la uniformada.

Además, se abordaron diversos asuntos de interés para los policías, incluyendo iniciativas dirigidas a mejorar los recursos, la coordinación interagencial y la eficiencia del sistema de seguridad pública en todo Puerto Rico.

De igual forma, González Colón destacó la creación de la Academia de la Comisión de Juegos, dirigida a todos los agentes del orden público, la cual comenzará el 26 de enero e integrará la participación de otras agencias gubernamentales.

Indicó que esta iniciativa tiene como propósito adiestrar al personal para la identificación de máquinas no registradas. En ese contexto, la Comisión de Juegos notificó hoy a los dueños de estas máquinas que, a partir del 14 de enero de 2026, deberán contar con el sistema de interconexión correspondiente; aquellas que no cumplan con este requisito serán incautadas y los fondos recaudados se destinarán al Fideicomiso de la Policía de Puerto Rico.

En el encuentro participaron el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la AAFAF, licenciado Francisco Domenech; los coroneles Diana Crispín Reyes, Orlando Rivera Lebrón, Jojanie Mulero y José L. Rosa; así como el senador Matías, presidente del Comité de Seguridad Pública del Senado, el representante Félix Pacheco, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, y Oscar Ramos, asesor de Asuntos Laborales de La Fortaleza.

Mientras, los gremios participantes fueron la Corporación Organizada de Policía y Seguridad (COPS), el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), la Asociación de Policías Organizados (APO), el Sindicato de Policías Puertorriqueños (SPP), el Concilio Nacional de Policías (CONAPOL), el Cuerpo Organizado de la Policía Incorporado (COPI), la Asociación de Seguridad, Policías y Ramas Anexas (ASPRA) y la Asociación Miembros de la Policía (AMP).