Alrededor de 400 agentes federales y estatales irrumpieron en La Perla y en otras áreas de Toa Baja para dar con el arresto de 114 personas que componían una organización que se convirtió en el principal suplidor de heroína del país y que aparentemente era liderada por el líder comunitario de la famosa barriada en el Viejo San Juan, Jorge Gómez González, y el recién electo presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles (UTM), Santiago Hernández Rosa. Más de sesenta de ellos lograron ser arrestados durante las primeras horas del día.

Gómez González, el presidente de la Asociación Pro Rescate y Desarrollo de La Perla, se codeó con decenas de políticos, incluso, reuniéndose con el gobernador Luis Fortuño en más de una ocasión durante las visitas que el Primer Ejecutivo realizó en la histórica comunidad de Viejo San Juan, pero ahora el líder comunitario encabeza un pliego acusatorio emitido el pasado lunes por un Gran Jurado federal contra la banda.

De hecho, Hernández Rosa, quien aparece como el segundo en mando de la empresa criminal, presuntamente se reunía con Gómez González para establecer las reglas que deberían regir las operaciones de narcotráfico en la barriada.

Según se desprende del pliego acusatorio federal, el organigrama criminal se caracterizó por su diversificación con 17 líderes o bichotes y 16 dueños de puntos, pero eran los residentes de la comunidad los que aparentemente gozaban de la mayoría de los privilegios en sus actividades ilícitas. La banda, que logró constituirse como una poderosa organización en 1998, siguió operando ininterrumpidamente a pesar de varios operativos realizados por las autoridades estatales y del Municipio de San Juan durante los pasados años.

Pero, durante todo este tiempo, la cara más conocida resultó ser Gómez González por su exposición pública ante los medios de comunicación en actividades oficiales del Gobierno.

La investigación de las autoridades, sin embargo, presenta otra cara del portavoz comunitario, mejor conocido en el bajo mundo como “Jorge Cara de Truck”. Según las autoridades, Gómez González se convirtió en el dueño y señor de la barriada al demarcar los lugares donde se podía vender la droga. “Los vendedores que no nacían o se criaban en La Perla o que no tenían permiso de los líderes sólo podían vender en el punto localizado en La Bóveda y no podían pasar de la línea amarilla que estaba pintada en la calle. Los que pasaban de la línea eran disciplinados”, indicó ayer la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

La investigación contra la empresa criminal la originó la División de Crimen Organizado de Justicia y luego fue retomada en el foro federal por la Administración federal Antidrogas (DEA), con la estrecha colaboración de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna de Inmigración y Control de Aduanas. Según los estimados más conservadores de las agencias de orden público, la empresa criminal generaba cerca de $5 millones al año mediante la venta, tanto al detal como al por mayor, de heroína y otras cantidades menores de otras drogas. Aunque la cantidad nominal podría aparentar ser poca en comparación con las ganancias de otras organizaciones, Rodríguez Vélez resaltó que ésta es la cantidad que se podrá probar en un tribunal más allá de toda duda razonable.

Según aseguró la Fiscalía Federal, en La Bóveda, donde los visitantes de La Perla podían vender sus drogas, operaba el punto de drogas del presidente de la Unión, en el cual se vendía una heroína que en el bajo mundo se conocía como “Coyote”. El líder sindical era conocido como “Chago Coyote”.

El pliego acusatorio radicado contra la banda contiene nueve cargos criminales que podrían conllevar penas mínimas de 10 años de cárcel y máximas de cadena perpetua.