Con la presencia del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, las autoridades federales anunciaron este jueves que el operativo realizado ayer en Mayagüez fue para desarticular la organización criminal “Los Baja Deos”, que operaba desde más de 20 residenciales públicos.

Contra sus integrantes, un gran jurado federal emitió 81 acusaciones.

Según detalló Blanche, junto al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, y otros funcionarios, el operativo forma parte de la política pública del presidente Donald J. Trump para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico.

El operativo culminó con el arresto de 70 de los 81 acusados. Según las autoridades, algunos de los demás imputados presuntamente contribuían a las operaciones de la organización desde instituciones penitenciarias.

“Los Baja Deos” o “LBD”, presuntamente, operaban unos 23 puntos de venta de drogas en residenciales públicos de Mayagüez y zonas limítrofes, donde traficaban cocaína, heroína y fentanilo.

El fiscal federal para Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, detalló que los integrantes de la organización solían portar y exhibir armas de fuego para amenazar y mantener el control de los puntos de droga que dirigían. Según las autoridades, algunas de estas armas habían sido modificadas para disparar en automático.

A la organización también se le atribuyen secuestros, tiroteos y asesinatos ocurridos en la zona oeste, como parte de un presunto esquema para mantener el control de sus operaciones.

“Se estima que, durante el período de la conspiración, esta organización de narcotráfico fue responsable de distribuir al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con fentanilo y al menos 2,200 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, generando más de $49 millones en ganancias”, dijo Blanche sobre los arrestos.

Las autoridades también buscan confiscar más de $49 millones, que presuntamente fueron generados como ganancias por la organización.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) fue la agencia líder en la investigación de este caso, junto a la Policía de Pueto Rico. La Oficina de Homeland Security (HSI) también coolaboró en la pesquisa.

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar desde una pena mínima de 10 años de prisión hasta una máxima de cadena perpetua.