El Departamento de Justicia presentó 14 cargos contra cinco personas por tres casos separados de maltrato y negligencia contra menores ocurridos en Caguas y San Lorenzo, informó la secretaria de la agencia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según el comunicado de prensa, el Tribunal de Primera Instancia de Caguas encontró causa para arresto en los tres casos y señaló las vistas preliminares para el próximo 17 de noviembre.

En el primer caso, la Fiscalía presentó seis cargos contra María Guadalupe Vega Martínez y Ángel Gabriel Vega Berdecía, madre y padrastro de dos niños de seis y cuatro años. La investigación reveló que uno de los menores llegó a un centro Head Start con hematomas severos y que, posteriormente, al otro niño también le identificaron hematomas.

Ambos relataron que eran agredidos con una correa y chancletas.

La madre enfrenta cuatro cargos, dos por maltrato y dos por negligencia, mientras que el padrastro enfrenta dos por maltrato. Ambos ingresaron a prisión tras imponérseles fianzas de $40,000 y $20,000, respectivamente.

En el segundo caso, Kenneth Santos Guzmán y Dannivette Rivera Vázquez enfrentan un cargo por maltrato y otro por negligencia, respectivamente, relacionados con un niño de nueve años con autismo. Según la investigación, el menor llegó a su escuela con hematomas en ambos ojos y otras partes del cuerpo.

El padrastro admitió haberlo agredido con una correa, mientras que la madre conocía de las agresiones y no buscó atención médica inmediata. A ambos se les impuso una fianza de $3,000. Santos Guzmán ingresó a prisión y Rivera Vázquez permanecerá bajo supervisión electrónica.

El tercer caso ocurrió en San Lorenzo, donde Rachelle Santiago Martínez, de 27 años, enfrenta seis cargos por maltrato tras entregar una bolsa con ocho cigarrillos electrónicos a un estudiante de octavo grado para que los distribuyera entre compañeros de 13 y 14 años.

La mujer, quien tenía acceso al plantel porque dos de sus hijos estudiaban allí, admitió los hechos. La jueza Karina Díaz Pérez le impuso una fianza global de $10,000, que prestó.

“En dos de estos casos, fue el personal de una escuela y de un centro Head Start quien vio las señales y activó el protocolo. Eso es lo que esperamos de todos: que nadie se quede callado cuando un niño llega con golpes. Del resto nos encargamos nosotros, y vamos a ir hasta el final”, expresó la secretaria de Justicia.