El Monitor de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio, aclaró esta mañana a Primera Hora que no renunció a su cargo, sino que decidió cerrar la oficina porque estaba en contra del despilfarro de dinero público que se estaba cometiendo a raíz de una decisión de la corte en la que se buscaba defender los derechos civiles de los ciudadanos.

“Yo no renuncio… Yo he decidido que yo no voy a continuar apoyando un sistema que lo que está haciendo es robarle el dinero al erario público para una causa, que se supone que sea reformar la Policía. Y yo y mi equipo de trabajo no vamos a exponernos a una violación ética en este asunto. Y conociendo eso y conociendo como yo soy como profesional, prefiero alejarme de una situación que puede llegar a violaciones. Eso es todo”, indicó en entrevista telefónica tras trascender que el juez presidente del Tribunal federal de Distrito, Gustavo Gelpí, expidió una orden que daba cuenta de su salida del cargo.

Pese a que Gelpí alude a una renuncia, Claudio insistió que no se trata de una renuncia.

“Yo simplemente le digo al juez que cierro la oficina, que cerré la oficina porque yo no voy a estar apoyando eso”, sentenció.

El exmilitar aceptó, sin embargo, que el cierre de la dependencia representará que “yo dejo de ser monitor, obviamente. So, me dedicaré a otras cosas en pro de la Policía de Puerto Rico y de Puerto Rico desde otra plataforma”.

Dijo su malestar es que la Oficina del Monitor de la Reforma de la Policía y todo lo que conlleva la implementación de dicha reforma provoca que el gobierno invierta “millones”. No mencionó la cifra exacta.

¿Puede establecerse un sistema que no conlleve ese despilfarro de dinero que denuncia?, se le preguntó a Claudio. Su respuesta fue: “eso es allá el juez (Gelpí). Yo sencillamente mi ética y mi moral no me permite continuar con este trabajo cuando veo ese despilfarro”.

Tras su insistencia de que no renunció, Claudio alegó que se supone que no hiciese expresiones a la prensa. Por ello, dejó sobre el tintero contestar la razón por la que no dejó el cargo antes si conocía de lo que alude es un “robo al erario” ni qué sucederá con los empleados que tenía la oficina, si quedarían desempleados.

Por otro lado, la portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública, Karixia Ortiz, informó que "para los trabajos de la Reforma Sostenible se asignan anualmente $20 millones. De esos $20 millones, $1.5 millones están asignados para las operaciones de la Oficina del Monitor y su equipo de trabajo". 

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, informó que por tratarse de una controversia del Tribunal federal de Distrito los funcionarios del gobierno no harían expresiones por deferencia. 

"El compromiso de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es garantizar la seguridad de nuestro pueblo a la vez que promovemos el desarrollo socioeconómico sustentable, la salud, la educación y un gobierno innovador; todo lo que afecta el diario de nuestra gente.El honroso cuerpo de la Policía de Puerto Rico, al igual que el adecuado funcionamiento de nuestro Departamento de Seguridad Pública, son y seguirán siendo esenciales en la transformación que anhelamos y que nuestra gente merece", comentó en declaraciones escritas.

Mientras tanto, el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, expresó que por tratarse de un asunto que calificó como “sensitivo y delicado” ni él ni su personal harán expresiones sobre la renuncia de Claudio.

Por tal razón, en una comunicación dirigida a los Directores de Área, la Junta Directiva y a los Empleados, que fue enviada a Primera Hora, Figueroa impartió instrucciones para que se abstengan de opinar públicamente al respecto. 

“Sin ánimo de violentar el derecho a la libre expresión, en protección a la organización estoy instruyendo a que no exista ninguna expresión pública en torno a la renuncia del Sr. Arnaldo Claudio como Monitor de la Reforma. Las expresiones que se atribuyen al Sr. Claudio son altamente delicadas y de ser ciertas son una acusación directa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al Tribunal Federal en Puerto Rico y al Gobierno de Puerto Rico, en contra de la Policía de Puerto Rico, asunto que hemos denunciado”, indica un fragmento del memorando.

Explicó que como la organización que representa participó de reuniones con las entidades mencionadas junto con Claudio, “estamos sujetos a ser citados en cualquier investigación que surja de esta renuncia, que ya no es una renuncia es una acusación directa”.

Figueroa aclaró que las reuniones con Claudio también fueron de contenido sensitivo y delicado y por esa razón también insistió en que se debe abstener de hacer comentarios.