El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Carolina, declaró culpable en tres de los siete cargos a la conductora Ruthy Trenche Chávez, por ocasionarle la muerte a José J. Diaz Serrano y Eduardo E. Álvarez Sosa, así como a dos caballos que estos cabalgaban el 23 de marzo de 2024, en la carretera PR-188, en Loíza.

Trenche Chávez fue hallada culpable únicamente de dos cargos bajo la Ley 22, entre ellos una violación al Artículo 5.07(c), que penaliza como delito grave causar la muerte de una persona mediante conducción imprudente o negligente, además de un cargo por maltrato de animales en virtud de la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales de Puerto Rico.

En contraste, la acusada fue absuelta de los cargos por violación al Artículo 7.02 de la Ley 22, relacionado con conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, y al Artículo 7.06, por grave daño corporal, delito que conllevaba una pena de hasta 15 años de prisión. También fue declarada no culpable de otro cargo por maltrato de animales al amparo de la Ley 154.

Conforme a la investigación del agente Alexander H. Gaztambide Franco, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Carolina, la entonces propietaria de un negocio de gestoría y escuela de conducir, transitaba a eso de las 11:35 p.m. por esa carretera y, al llegar al kilómetro 3.9, se desvió hacia el paseo de emergencias e impactó de frente a los jinetes y sus caballos.

La imputada, de 43 años, conducía una camioneta Toyota Tundra bajo los efectos de bebidas embriagantes y en exceso a la velocidad permitida por ley, de acuerdo al Departamento de Justicia.

Díaz Serrano, de 43 años y residente en Ceiba, murió en la escena de los hechos junto a los dos caballos.

Mientras, el jinete que le acompañaba, Álvarez Sosa, de la misma edad, falleció el 2 de abril en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, por los traumas que recibió.

Ambos jinetes llevaban puesto su chaleco reflector en el área del pecho.

Cuando se le realizó la prueba para detectar alcohol a la sospechosa, esta arrojó un porcentaje mayor al límite permitido por ley.

Su defensa a cargo del licenciado Edwin Castro ha cuestionado la legalidad de las pruebas de alcohol presentadas por el Ministerio Público.