Los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez no han logrado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpables por haber obtenido sobre $2.3 millones de ayudas por alivio a los efectos del COVID-19 de manera fraudulenta, según se desprende del expediente judicial.

Ayer, lunes, la jueza Camille Vélez Rivé, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, realizó una vista del estado de los procedimientos. Allí, trascendió que los empresarios Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del político novoprogresista, hicieron contraofertas a la Fiscalía federal para declararse culpables bajo un acuerdo que les hiciese cumplir una sentencia menor. La misma no fue aceptada. No obstante, las conversaciones siguen en pie.

Del expediente se desprende que la fiscal federal Myriam Fernández González informó que los abogados de los acusados, Edgar R. Vega Pabón y Jason González Delgado, “presentaron atenuantes y contraofertas respecto a sus respectivos acusados, las cuales fueron rechazadas por el gobierno (la Fiscalía federal). El gobierno solicitó una audiencia preliminar en 60 días mientras continúan las negociaciones”.

Ante los acontecimientos, la jueza citó a una conferencia con antelación al juicio. La misma fue citada el 31 de julio a las 10:30 a.m.

Según las anotaciones, “en aras de la justicia” se les dio a las partes hasta el 31 de junio “para permitir que las negociaciones o decidan si irán a juicio”.

Una fecha para el juicio no ha sido anunciada.

Los hermanos Navarro Suárez, el contador público Román Valentín Montalvo, así como las empresas JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp., fueron acusados por un gran jurado el 27 de marzo de 2025 emplear un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act, en inglés). También, son acusados de sobornar un empleado bancario y por lavar dinero.

Según el pliego acusatorio, los 12 cargos corresponden a conspiración para cometer fraude electrónico, soborno y por sobornar al empleado del banco por ayudar a los acusados a llevar a cabo el esquema, lavado de dinero de fondos federales y lavado de dinero.

De ser hallados culpables durante un juicio, podrían enfrentar hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 por lavado de dinero de fondos federales y hasta 10 por lavado de dinero.