La defensa de una exejecutiva y un contratista acusados por un esquema de fraude millonario en Doral Bank solicitó un juicio rápido para sus clientes, aunque un juez federal advirtió que podría aplazar el caso ante algunas consideraciones que podrían surgir luego que se inicie el proceso de descubrimiento de prueba.

Los abogados de la exvicepresidenta de la división de Propiedades de Doral, Annelise I. Figueroa, y el comerciante Rolando Rivera Solís, quienes enfrentan más de una decena de cargos de crimen de cuello blanco por conspirar para supuestamente malversar $2,350,000 del banco mediante contratos inflados de un servicio de limpieza, argumentaron durante una vista de estatus ante el juez Gustavo Gelpí que podrían comenzar a ver el juicio en 70 días, tal y como disponen estatutos federales.

Pero Gelpí pautó para el próximo 30 de marzo otra vista de estatus para determinar si algunas de las partes requieren más tiempo para ir a juicio. Se espera que para esta semana la defensa reciba por parte de las autoridades federales el primer paquete de evidencia del caso.

La abogada Menalie Carrillo Jiménez fue contratada para defender al contratista Rivera Solís, quien hasta la tarde de hoy permanecía encarcelado en el Centro de Detención de Guaynabo a pesar de haber prestado desde la semana pasada una fianza ascendente a $250,000.

Mientras tanto, el veterano defensor público, Víctor González, representa a Figueroa, quien fue la excarcelada la semana pasada luego de asegurar para la corte $100,000 en propiedades.

Según las autoridades, Figueroa defraudó al banco al sobrepagar los servicios de limpieza que eran provistos por una compañía en que Rivera Solís ocupaba la posición de vicepresidente. El esquema, según una acusación federal, se extendió entre abril de 2008 y junio de 2011.

Figueroa y otros altos ejecutivos del banco también fueron demandados por la viuda del vicepresidente ejecutivo de Doral, Maurice Spagnoletti, asesinado en junio de 2011. El pleito, que fue retirado ante una investigación que realizaba el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), culpaba a los demandados por no haber protegido al ejecutivo a pesar de informaciones que ponían en entredicho su seguridad en Puerto Rico.