Los imputados de delito que cualifiquen para libertad supervisada con el uso de un grillete y que no puedan pagar el 75% que le corresponde de la renta del equipo electrónico, ahora podrán hacer trabajo comunitario para sufragar su parte del alquiler.

La directora de la Oficina de Servicio con Antelación al Juicio (OSAJ), Cyndia Irizarry Casiano, firmó un acuerdo de colaboración con los secretarios del Departamento de Educación, Edward Moreno y de Corrección y Rehabilitación, Jesús González, para dar inicio al programa.

“El programa de servicios comunitarios, es una iniciativa que va a asistir a las escuelas en reparaciones menores. Con el programa, los imputados de delitos van a poder visitar las escuelas y asistir en el mantenimiento a través de todo Puerto Rico y todo el año”, explicó Irizarry Casiano.

“Con esto los imputados de delito, van a ir entendiendo y asumiendo responsabilidad por lo que están atravesando dentro del sistema judicial”, agregó la funcionaria.

El programa, que surge a raíz de la Ley 282 de 2011 para que los imputados de delito paguen el 75% de los costos del grillete, arrancará la primera semana de diciembre.

A los participantes se les va a computar su labor a razón de $7.25 la hora y las jornadas de trabajo serán sábados y domingos.

El grillete tipo GPS, requerido para los imputados de violación a la Ley 54 de Violencia doméstica cuesta $9.50 diario. Mientras que el grillete de radiofrecuencia paga $2.25 diario.

Entre las tareas a realizar por los elegibles están la rehabilitación y construcción de salones, rampas y tanque de retención de aguas usadas. También harán reparaciones de electricidad, plomería y pintura, así como tareas de mantenimiento general como desyerbo, lavado de techos y reparación de verjas.

Los trabajadores serán supervisados por personal de seguridad de OSAJ y las tareas serán coordinadas con la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP).

El primer grupo estará compuesto de 19 imputados de delitos que harán trabajos de reparación en varias escuelas de Ponce. Algunas de las tareas que realizará el grupo será reemplazo de tiradores de ventanas, cambio de bombillas, limpieza y lavado a presión, arreglo de alumbrado y plomería. 

El secretario de Educación destacó la importancia del acuerdo para mantener en condiciones óptimas los planteles escolares, una constante crítica a su agencia, sobre todo al inicio de cada año escolar.

“Son 608 las que van a ser impactadas y que responden a OMEP. Es un proceso recíproco. Tanto las personas que están en ese proceso, que les sirve de rehabilitación y a Educación le aminora los gastos que tiene el departamento”, indicó Moreno al informar que el presupuesto de su agencia para mantenimiento de los planteles en el presente año escolar es de $11.5 millones

Por su parte, el secretario de Corrección enfatizó en que la expectativa es que eventualmente el fisco se ahorre los $4 millones que invierte anualmente en la supervisión electrónica de los imputados.

“Para nuestra administración los costos de supervisión sobrepasan los $4 millones y ya era hora de que estas personas asumieran responsabilidad. Es una medida importante que le permite al Estado recuperar estos gastos. Aspiramos a que la mayoría de este dinero se pueda economizar”, dijo González.

Irizarry Casiano destacó que desde que se puso en practica el estatuto, los procesos judiciales se han acelerado, toda vez que cada día con el grillete le cuesta a los imputados. 

“El Estado ha sido más enfático en que las personas tienen que responder. De alguna manera tienen que asistir a todo el proceso que se lleva a cabo”, dijo Irizarry.

Actualmente, OSAJ tiene cerca de 1,300 clientes. Entre los cuales hay 400 con supervisión electrónica con GPS y 900 con radiofrecuencia.

Ya hay en evaluación 130 solicitudes para el programa de trabajo comunitario y 30 ya fueron aprobadas.