Faltas por tentativa de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, fraude por medio informático y falsedad ideológica fueron presentadas hoy contra un adolescente de 17 años que fue aprehendido a principios de mes mientras intentaba cambiar un cheque del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) el cual obtuvo con información fraudulenta.

Este es el primer menor al que se le imputan faltas por el esquema de fraude en el que pudieron participar cientos de adolescentes a través de toda la isla.

El juez Jimmy Sepúlveda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa y citó la próxima vista para el 1 de octubre. El joven quedó bajo la custodia de su padre.

La intervención ocurrió en la sucursal del Banco Popular del centro comercial Plaza Carolina, cuando el menor trató de cambiar un cheque por la cantidad de $8,058 utilizando un pasaporte, lo que le levantó bandera al cajero.

Cuando los investigadores indagaron sobre la solicitud que radicó en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) se constató que había ofrecido otra fecha de nacimiento diferente a la que estaba en la identificación presentada mediante un pasaporte, su ocupación e historial de empleo para obtener el beneficio.

El caso fue investigado por el agente Rafael Díaz Berríos adscrito a la División de Robos a Banco y Fraude a Instituciones Bancarias.

El caso fue consultado con la Procuradora de Menores Marisol Flores Cortés quien también tiene a cargo la pesquisa contra varios alumnos de la clase graduanda Colegio San Ignacio de Loyola que son investigados por una modalidad de fraude similar.

A mediados de agosto, el DTRH y la empresa Evertec entregaron a la División de Robos a Bancos y Fraude y al Departamento de Justicia (DJ) los documentos requeridos mediante una orden judicial, que son necesarios para que Flores emitiera un “subpoena” para que colegio les provea un listado con los nombres e información de los estudiantes como parte de las gestiones investigativas y la recopilación de evidencia del caso.

Durante el desarrollo de la pesquisa se creó un grupo de trabajo que está integrado por la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, la fiscalía de San Juan, el Procurador de Menores y la mencionada división ya que existe una jurisdicción compartida porque uno de los involucrados ya cumplió los 18 años, aunque no se había revelado si para la fecha de la radicación de la solicitud no era mayor de edad, y el otro tiene 17 años.

En las redes sociales han surgido numerosos comentarios sobre un alegado trato preferencial en este caso.