El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, respaldó la ejecutoria de una veterana fiscal en el caso de la joven madre dominicana Francheska Duarte, que perdió las piernas al ser arrollada por su ex compañero consensual, Jorge Ramos Rodríguez. Sin embargo, el funcionario fue cuidadoso en no hacer un señalamiento directo contra la jueza que emitió el controversial fallo contra el acusado, ni opinó sobre la Rama Judicial, que ha caído en posición desfavorable por otras decisiones controversiales.

En una conferencia de prensa en la que también participó el cónsul dominicano, Máximo Taveras, entre otros funcionarios de Justicia y el Gobierno dominicano, Somoza Colombani anunció la radicación de una moción que solicitará las grabaciones del juicio e instará para la aplicación de agravantes en la sentencia que la jueza Nisvel Durán, del Tribunal Superior de San Juan, impondría el próximo 2 de agosto.

Somoza Colombani adelantó su intención de discutir el controversial veredicto con la administradora de Tribunales, Sonia Ivette Vélez, y la Procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez, durante una reunión programada para mañana, miércoles.

En su polémico dictamen, Durán encontró a Ramos Rodríguez culpable de un delito menor de negligencia en violación a la Ley de Tránsito y determinó que la fiscalía, representada por Gretchen Pérez Catinchi, no pudo probar la “intención criminal” del delito originalmente imputado, agresión agravada en su modalidad de tercer grado.

La fiscalía contó con unos 11 testigos y también presentó la cadena de eventos que desencadenó en la trágica mutilación de las piernas de Francheska. De la investigación criminal, se desprende que el individuo arrolló a Duarte con una guagua, pinchándola entre dos vehículos, luego que la pareja sostuviera una discusión en un negocio de la avenida Borinquen, en Barrio Obrero, el pasado 19 de diciembre. Según la Policía, el sujeto llevó a la mujer, de 20 años de edad, a un CDT cercano, donde la abandonó.

Al momento de los hechos, Ramos Rodríguez cumplía una sentencia de probatoria de dos años, por un caso previo de drogas, que había sido dictada por la misma jueza.

Al respecto, Somoza Colombani subrayó que su agencia solicitará la revocación de esta sentencia suspendida que, entre sus condiciones, establecía que el hombre no podía frecuentar bares ni tomar bebidas alcohólicas. “Cualquier conducta antisocial o reñida con la moral podrá ser suficiente para que se revoque la orden de suspensión de los efectos de la sentencia”, indica el dictamen de la jueza en el caso anterior, en el que se le impuso “tres años de cárcel con el beneficio de una sentencia suspendida”.

En el caso de Francheska, el sujeto podría ser sentenciado de seis meses y un día de cárcel a tres años, y la fiscalía solicitará la pena mayor.

Por otro lado, el cónsul dominicano evalúa la posibilidad de radicar una querella contra Durán. También agradeció los recursos invertidos por Justicia en el procesamiento del caso, aunque cuestionó las razones que llevaron a la jueza al cuestionado veredicto.

“No hay un patrón de discrimen hacia la comunidad dominicana (en la Judicatura). Pero vamos a estar vigilantes. La comunidad es una y puede tener una voz más sólida si actúa de manera unida”, indicó Taveras, quien fue duramente criticado por no haber ejercido presión en el caso previo antes de la decisión del pasado 8 de junio.

El funcionario negó las imputaciones al asegurar que un vicecónsul le realizó varias visitas a Francheska mientras ésta convalecía en un hospital.

“El caso ha causado consternación, no sólo en Puerto Rico, sino también en la República Dominicana”, indicó el funcinario.