El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, reveló hoy que, entre el 1 de enero al 21 de mayo del año en curso, se recibieron 26 querellas por casos de violencia doméstica que involucra a miembros de la Uniformada.

En un 30.7% de los casos la fiscalía radicó cargos criminales contra los detenidos tras recopilar la evidencia para probar los elementos del delito en los tribunales.

El NPPR, que tiene unos 13,000 empleados activos, no proveyó las cifras comparativas de otros años.

El funcionario, en declaraciones escritas, agregó que, hasta el presente, de los ocho casos llevados ante el tribunal, en varios no hubo determinación de causa probable, mientras que otros continúan en las distintas etapas judiciales.

Los datos surgieron luego de que anoche la jueza María Rojas, del Tribunal de Caguas, determinara no causa para arresto contra un sargento que dirigía la División de Violencia Doméstica de Humacao por la presunta agresión y amenaza a su pareja e hijastra. La fiscalía evalúa la radicación de cargos en alzada.

El comisionado aclaró que, independientemente de la determinación, la investigación interna contra el sargento continúa, permanece desarmado y fue separado de sus funciones como supervisor mientras concluye la misma.

“A tono con la política de cero tolerancia ante la violencia doméstica y los reglamentos internos, en todos los casos de imputaciones de violencia doméstica contra un empleado del Negociado de la Policía, como parte del protocolo, desde que la agencia adviene en conocimiento, se desarma al empleado, se ordena una evaluación psicológica y se inicia una investigación interna”, exclamó López Figueroa.

Agregó que, el caso fue referido al Negociado de Investigaciones de Asuntos Antidiscriminatorios (NIAA).

Todas las investigaciones de violencia doméstica efectuadas por el NIAA son referidas a la División Legal, para ser evaluadas y adjudicadas. Estos producen una recomendación al comisionado, quien emite una determinación final. Esta determinación es apelable en los foros correspondientes, según dicta la ley.

“En todos los casos de imputación de violencia doméstica, la Policía consulta con la Fiscalía. El fiscal evalúa la prueba recopilada para determinar si tiene los elementos suficientes para presentar cargos. Independientemente de que la fiscalía determine o no presentar cargos, se mantiene desarmado al imputado, este pasa por las evaluaciones psicológicas correspondientes y la investigación iniciada continúa su curso, se radique o no un caso criminal a nivel de Tribunal”, expuso el comisionado.

Según López Figueroa, de acuerdo con la Jurisprudencia federal y local, tan pronto se determina causa por un delito grave contra un miembro del negociado, de manera automática se le suspende de empleo y sueldo, por lo que queda sumariado. Cuando el delito es menos grave, se les suspende de empleo, pero no de sueldo.