Al ex senador Jorge de Castro Font se le mantendrá encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo hasta que concluyan los procedimientos criminales que se ventilan en su contra, en el foro estatal, por actos de corrupción.

De Castro Font, que ha sido descrito como uno de los ex funcionarios más corruptos en Puerto Rico por un patrón de sobornos y extorsión que salpicó a figuras prominentes del sector público y privado, fue sentenciado por el juez federal Francisco Besosa a cinco años de prisión en mayo del año pasado.

El ex funcionario se había declarado culpable de unos 21 cargos y nombró a, por lo menos, 81 personas, algunas de alto relieve en la sociedad puertorriqueña, que aparentemente utilizaron al convicto para adelantar sus intereses económicos.

Pero De Castro Font enfrenta otro centenar de cargos en el foro estatal por cargos de crimen organizado, soborno, violaciones a las leyes electorales y éticas. Mediante una determinación emitida ayer por Besosa, el ex legislador permanecerá encarcelado para enfrentar el proceso estatal.

El reo ha alegado que los cargos estatales se emitieron para que no implicara a altas figuras de la administración de Luis Fortuño en las conversaciones que ha sostenido con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). También ha intentado llevar varios recursos legales para impedir que sea acusado en el foro estatal, pero hasta ahora todos los tribunales han fallado en su contra.

Durante la vista de ayer, los argumentos de las partes se llevaron ante el estrado de Besosa, pero el juez dio a conocer su dictamen en corte abierta.

De Castro Font iba a ser trasladado a una institución carcelaria en Estados Unidos a raíz de una decisión del juez, pero la reubicación se detuvo ante la moción radicada por el fiscal especial independiente (FEI) Guillermo Grau, quien lleva el caso de De Castro Font en el foro estatal. El funcionario compareció a la vista de ayer junto con otros funcionarios de su oficina.

Entre las distintas posibilidades de confinamiento, se barajó la posibilidad de ingresar a De Castro Font a una institución estatal, pero hasta ahora el ex legislador se considera como un convicto federal. Versiones extraoficiales apuntaban a que la seguridad del ex legislador estaba en jaque en las instituciones estatales.