“Tienes que decir la verdad hoy. Si no dices la verdad hoy, (las consecuencias) pueden ser más graves”.

Con esta advertencia de parte del juez Joseph N. Laplante del Tribunal de los Estados Unidos para el distrito de New Hampshire comenzó la audiencia federal de Joseph Fuentes Fernández, quien admitió culpabilidad hoy, jueves, de ocultar de dónde provenían cientos de miles de dólares depositados en dos organizaciones fantasmas que hacían donaciones al Comité Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc.

“¿Por qué declararse culpable si puede ir a juicio?”, cuestionó el juez.

“Fue un gran error de mi parte... y solo quiero dejar esto atrás”, respondió Fuentes Fernández en la audiencia virtual a la que atendió desde Virginia.

El contable, además, renunció a apelar la sentencia, que se dictará el próximo lunes, 15 de agosto, a las 10:00 a.m. en el Tribunal Federal de San Juan.

Hasta ese entonces, Fuentes Fernández estará en libertad supervisada y solamente podrá viajar a Washington D.C. y Virginia, donde ubican sus oficinas de contabilidad; y a Puerto Rico y Maryland, donde reside su nieto.

Salvemos a Puerto Rico, Inc., PAC que presidía Fuentes Fernández, presuntamente, recibió donativos políticos de organizaciones sin fines de lucro fantasmas, que constituye una violación a la Ley Electoral, para financiar el grupo que hizo campaña en contra de los opositores del gobernador Pedro Pierluisi durante la primaria y las elecciones generales del 2020.

Fuentes Fernández- mediante Salvemos a Puerto Rico, Inc.- le informó a la Comisión Federal de Comisiones (FEC, en inglés) que las organizaciones sin fines de lucro eran las donantes de esos fondos, en lugar de informar la verdadera fuente de los fondos. La Oficina Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico indicó que el propósito de canalizar estos fondos de donantes a través de organizaciones sin fines de lucro fue exclusivamente para ocultar las verdaderas identidades de los donantes y utilizó como ejemplo un mensaje de texto que envió Fuentes Fernández en octubre de 2020 a un posible donante que leía: “Puedes usar a un tercero para no revelar al verdadero donante”.

Por ello, la Oficina Fiscal presentó una querella criminal que describe este esquema ilegal en el cual participaron Fuentes Fernández y otras personas. Los donantes y las cantidades que aportaron, según el acuero de culpabilidad, eran: Northshore Management Corp. ($25,000), Essen Insurance Services Inc. ($100,000), AP Engineering Inc. ($59,200), LAS Enterprises Inc. ($15,000), JAAP LLC ($40,800), Alejandro Brito Zubizarreta ($50,000), Arturo Díaz Angueira ($20,000), BAE FE LLC ($50,000), AP Engeneering Inc. ($35,000), JAAP LLC ($35,000), National Guard Exchange Military Store ($50,000), Little Pictures ($25,000) y Essential Insurance Services Inc. ($100,000).

“Lo que ocurre aquí es que los acusados crearon una súper PAC llamada Salvemos a Puerto Rico. El súper PAC se creó más o menos al mismo tiempo que se crearon dos organizaciones sin fines de lucro. (ellos) fueron creados, creo, en 7 minutos y enumeraron algunos de los mismos oficiales. Su único propósito era ocultar la identidad de los donantes”, explicó el fiscal federal Jonathan Jacobson.

“Se obtuvieron dos beneficios principales. Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían obtener un beneficio permaneciendo en el anonimato. Además, los funcionarios del gobierno no podían estar vinculados a los beneficios. El anonimato era el motivo”, detalló.

El juez expuso “cuatro elementos verídicos” que se le imputan a Fuentes Fernández: la manera en que se encubrió las movidas fue mediante trucos o esquemas, los hechos que fueron encubiertos eran materiales, las ilegalidades ocurrieron en territorio de los Estados Unidos y los actos se cometieron a propósito y con conocimiento.

“Eso significa que no fue un accidente. Sabías que era información material y sabías que estaba siendo falsificada o encubierta. ¿Entiendes?”, cuestionó el juez.

“Sí, su señoría”, aceptó el contable de 62 años.

La pena máxima que se expone Fuentes Fernández son cinco años de reclusión carcelaria o una multa de $250,000. Para Salvemos a Puerto Rico, Inc., se le podría imponer una probatoria máxima de cinco años o una multa de $500,000. Tanto a Fuentes Fernández como a Salvemos a Puerto Rico le podrían ser requeridos restituir los daños a las víctimas. La fiscalía federal, por su parte, recomendó 24 meses de cárcel.

“Este es un delito grave. Esto va a estar en su registro civil de forma permanente. Este tipo de delito no se puede borrar, anular o expurgar”, adelantó el juez.

En relación con su declaración de culpabilidad, Salvemos a Puerto Rico, Inc. acordó pagar una multa de $150,000 y presentar Informes y Recibos y Desembolsos modificados ante la FEC que contienen la verdadera identidad de todos los donantes a Salvemos a Puerto Rico desde 2020 hasta el presente.

El fiscal federal Stephen Mudrow indicó en conferencia de prensa que, aunque hay otras personas mencionadas en el acuerdo de culpabilidad, Fuentes Fernández fue acusado ya que recaía en él la responsabilidad de ser transparente y honesto en reportar quiénes son los donantes de un PAC a la FEC debido a su posición como presidente y tesorero del comité. Esto, sin embargo, no lo hizo.

“No es ilegal donar a un súper PAC. La obligación legal reside en la persona que está emitiendo las declaraciones al FEC de quiénes son los donantes”, especificó.