El comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, reveló que como es de rigor, se inició una investigación administrativa sobre los sucesos en los que resultó agredido el influencer deportivo José G. Pérez Soler, de 30 años y vecino de Toa Alta, conocido como Prospe.

Ayer, domingo, la jueza María Hernández, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por el delito de empleo de la violencia o intimidad contra la autoridad pública y le señaló una fianza de $2,000, la cual prestó, hasta la vista preliminar el 11 de julio.

“Llegó al cuartel para hacer una querella sobre el vehículo que él indicó que fue robado... para brindarle mejor servicio el cuartel donde llega está la unidad de vehículos hurtados donde está un compañero que le quiere tomar personalmente (la querella) para que no tenga que hacerla con el retén... Hubo unas preguntas que el compañero le hizo al individuo sobre su estado físico, si estaba borracho o los efectos de otras sustancias, (y) parece que no le gustó eso y se puso agresivo; alzó la voz”, detalló González Falcón durante su conferencia de prensa semanal.

Explicó que la razón por las que se le hicieron estas preguntas es que, en ocasiones, las personas acuden a reportar el robo de su automóvil y, debido al estado en el que se encuentran, no recuerdan el lugar donde lo estacionaron.

“El compañero que le está haciendo las preguntas se da cuenta de un olor fuerte de alcohol y otras cosas, razón por las que le hace las preguntas adicionales y, en muchos de estos casos, cuando personas están bajo efectos del alcohol u otras sustancias, se olvidan dónde estacionaron el carro; eso es parte de nuestra investigación”, insistió el comisionado.

Según su relato, otros policías que estaban cerca acudieron a brindar apoyo y en un momento dado el querellante sacó el teléfono celular para grabar lo que estaba sucediendo “y se lo puso en la cara del compañero, que movió ese teléfono y ahí es donde la agresión contra el compañero sucede”.

El funcionario aseguró que los sucesos quedaron grabados en las cámaras corporales de los agentes, incluyendo el uso del dispositivo de control eléctrico, al ser cuestionado sobre el porqué no se utilizó la evidencia en la vista de Regla 6.

“El trabajo de nosotros es eliminar la amenaza contra los compañeros. Cuestionar si le dieron o no le dieron es eliminar la amenaza, porque el trabajo de nosotros es regresar a nuestra casa el próximo día y lo bueno dentro de esta tecnología es que estamos usando la fuerza menos letal para salvar vidas. Aquí la Policía de Puerto Rico no está para violarle derechos a nadie, o sea, el compañero no llegó ese día a la oficina diciendo: ‘el próximo que llegue a querellarse le voy a meter una pela’, eso no es así”, subrayó González Falcón.

El coronel José Ramírez Ramos, comisionado auxiliar de Responsabilidad Profesional, por su parte, sostuvo que, en estos casos, la Oficina de Investigaciones de Uso de la Fuerza es la que establece si los niveles fueron adecuados.

“Se están recopilando vídeos, se está entrevistando personas para determinar si el uso de la fuerza fue el adecuado”, respondió Ramírez Ramos, quien está impedido de hablar sobre el contenido o las concusiones de la pesquisa, que no ha concluido.

González Falcón intervino para aclarar que pudo observar los vídeos de las cámaras corporales de los agentes que estaban en el área. No obstante, no puede comentar sobre las imágenes, ya que al finalizar la pesquisa él será quien evalúe la totalidad de la investigación para tomar sus determinaciones.