El juez federal Gustavo A. Gelpí encabezó hoy, martes, varias reuniones relacionadas con la reforma de la Policía de Puerto Rico.

Miembros de la comunidad dominicana en la Isla y el superintendente de la Policía, José Caldero López, comparecieron por separado a las juntas, en las que, además, estuvo presente el auditor de la reforma, Arnaldo Claudio.

La inquietud de que se esclarezcan casos de asesinatos de dominicanos fue expuesta en una de las reuniones por miembros de la comunidad quisqueyana, por lo que el juez les recomendó que acudan a la Fiscalía Federal y ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para pedir las investigaciones pertinentes.

Esto debido a que la reforma y su asesor técnico, a cargo de velar por su cumplimiento, están para reformar la Policía, no para sustituir a las autoridades estatales o federales, según se orientó a esos ciudadanos.

El grupo solicitó más información sobre la reforma y se les indicó que los informes del monitor serán públicos.

Gelpí recordó que anteriormente se reunió con líderes sindicales de la Policía de Puerto Rico y en el futuro espera reunirse con miembros de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y con líderes de la comunidad LGBTT.

Al finalizar los encuentros, el juez informó que Claudio y él también se reunieron en su oficina en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan con el superintendente Caldero López.

Gelpí dijo que Claudio "ha hecho una excelente relación con Caldero y con todo el mundo" y que "se llevan muy bien y se comunican con frecuencia". El juez le señaló a Caldero que su filosofía es que le permita ayudarle para establecer las medidas que impone la reforma.

El juez también se reunió con miembros del equipo del monitor, que presentarán el 5 de diciembre su próximo informe, y Claudio deberá hacer lo propio el 22 de diciembre. Una vez los revise, se harán públicos, explicó.

Por otro lado, el abogado Antonio Bazán y el exfiscal federal Alfredo Castellanos fueron nombrados como asesores legales del monitor para asistirlo en cualquier asunto legal que surja, ya sea de índole constitucional y/o legal.

Gelpí está a cargo del caso sometido sometido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal, lo que llevó a hacer la Reforma de la Policía.

Claudio fue confirmado el 5 de junio pasado como asesor técnico a cargo de velar por el cumplimiento de la reforma de la Policía de Puerto Rico. El coronel retirado del Ejército de Estados Unidos fue designado por los departamentos de Justicia federal y estatal, bajo la confirmación de Gelpí. Su sueldo anual es de $215,000. 

Su posición no está bajo ningún contrato con la Policía, ni los departamentos de Justicia, sino que sirve como oficial del Tribunal Federal de Puerto Rico. Su compensación salarial es pagada con fondos aportados por el Estado Libre Asociado.

La reforma de la Policía fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles atribuidas al cuerpo policiaco estatal.

El acuerdo contempla cuatro áreas básicas, que son: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para que no hayan prácticas discriminatorias a la hora de los arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, reuniéndose periódicamente y atender sus reclamos en 90 días; e implementar sistemas de información y tecnología.