El juez Daniel Domínguez no autorizó a declarar al primer testigo de la defensa de Áurea Vázquez Rijos.

El testigo era Brandon Manzo, quien se dedica a realizar análisis forenses en dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos celulares.

La disputa por la aprobación del primer testigo de la defensa consumió toda la mañana de ayer en la continuación del juicio federal por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang.

Domínguez comenzó la jornada al cuestionar por qué la defensa no tenía para ayer el testigo de hechos que se había anunciado el viernes pasado, a lo que la abogada de Vázquez Rijos, Lydia Lizarríbar, contestó que había tenido dificultades en contactar a dos testigos.

Ante esa situación, trajo dos testigos para declarar como peritos, a lo que la fiscalía se oponía.

El jurado no estuvo presente en sala durante toda la mañana, mientras fiscales y abogados interrogaron a Manzo.

El fiscal José Ruiz cuestionó su falta de preparación académica, mientras que la defensa destacó la cantidad de adiestramientos recibidos y los años que desempeñó ese tipo de labor para agencias federales y la milicia, así como en su propia compañía privada.

No obstante, Manzo no pudo proveer el detalle del único caso en el que dijo haber sido admitido como perito en un juicio federal, pues tampoco estaba en su resumé profesional.

Lizarríbar insistió en la necesidad de permitir que declarara para demostrar que alguien entró a la computadora de Anhang después de su muerte, según llegó a decir Manzo durante el interrogatorio.

“Hay una bandera roja en este caso y es que en la computadora del señor Anhang hubo documentos que fueron borrados y modificados… que alguien no quisiera que se vieran”, sostuvo Lizarríbar durante la argumentación en sala.

La teoría de la defensa se mostró desde el día en que testificó el agente José Miranda, quien fue el investigador del asesinato de Anhang para la Policía en el 2005.

Miranda dijo que la computadora le fue entregada varios días después por Glorivil Rosario, quien fue la secretaria en la oficina de Anhang y el exsocio de negocios del canadiense, Roberto Cacho.

Domínguez dijo inicialmente que permitiría que se le interrogara específicamente sobre cuatro documentos que Manzo mencionó haber visto borrados con el nombre de “Áurea”.

Dijo que esos documentos fueron identificados como “Aurea Prenup”, “Aurea Proposal”, “Aurea Personal Guaranties” y “Charbel Personal Guaranties”.

Entonces, el fiscal Ruiz le preguntó si para hablar de lo que contenían esos documentos solamente podría “especular”.

Manzo contestó: “Sí, señor”.

Después de un receso, Domínguez dijo que basado en esa contestación no podía permitir que declarara.

Lizarríbar contestó que era la prueba que tenía para demostrar que la evidencia fue “estropeada”.

“Pero es especulativo”, dijo el juez.

“No es especulativo el hecho de que se usó tras la muerte”, ripostó Lizarríbar. “El virus no puede crear documentos”.

“El testigo no puede declarar”, sentenció Domínguez.